El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro (CMCPSI) está pagando un alto costo económico y de credibilidad por las sucesivas derrotas que acumula en la Justicia en causas que inicia contra las franquicias inmobiliarias.
La presidenta del CMCPSI Paula Méndez llevó en sus propuestas proselitistas la bandera de enfrentar a las franquicias, pero en la práctica las acciones judiciales llevadas adelante en ese sentido terminaron con sentencias adversas.
Desde el arribo de las empresas franquicias al rubro, los colegios de martilleros buscaron evitar su funcionamiento en el territorio bonaerense en especial las que abordan el codiciado coto inmobiliario de la zona norte del gran Buenos Aires. El foco de las acciones está dirigido en particular contra RE/MAX aunque también incluyen a Century 21 y Keymex.
El año pasado el conflicto llegó a su punto de máxima tensión cuando el CUCICBA (el Colegio de corredores porteño), apoyado por los colegios bonaerenses, intentó la expulsión de RE/MAX de Argentina. La iniciativa terminó en fracaso, pero a partir de ahí la estrategia de los colegios se enfocó en judicializar individualmente a los corredores que contrataran los servicios de alguna de las empresas de franquicias.
El caso de Ana Isabel Gervasoni es emblemático. En febrero de 2022, Gervasoni, corredora radicada en la ciudad de Buenos Aires, solicitó al CMCPSI una matrícula para poder ejercer el corretaje en territorio bonaerense. Dicho trámite se realiza de manera habitual y así lo establece la ley, de manera recíproca, para los profesionales inmobiliarios de ambas jurisdicciones. La Justicia le dio la razón a Gervasoni y la sobreseyó.
Lo mismo ocurrió con Ariel Gustavo Champanier, un emprendedor que contrató los servicios de RE/MAX, y a Guillermo Bortolotto, un agente de la marca Keymex. En ambos casos la institución que preside Méndez acusó a los inmobiliarios por "ejercicio ilegal de la profesión".
Como ocurrió con Gervasoni, la Justicia falló contra el colegio sanisidrense. En cada una de las sentencias la Justicia indicó que se trataba de una "denuncia infundada" por "prueba insuficiente".
Esto no cayó bien en algunos de los profesionales que desde hace un tiempo vienen pidiendo a Méndez que cambie el rumbo de sus acciones y revea su estrategia jurídica. Lo que molesta a estos corredores, además de los resultados, es el derroche de recursos económicos que realiza la institución al encarar esta acciones judiciales.
En estos tres años de mandato las críticas contra Paula Méndez y la dirigencia se fueron acumulando. Una de las acciones más cuestionadas por las pequeñas inmobiliarias, a la actual gestión, fue haber impulsado la Ordenanza Nº 9238 en el Municipio de San Isidro.
Dicha Ordenanza, avalada por el intendente Gustavo Posse, y diseñada por el Concejo Deliberante en conjunto con el CMCPSI, tuvo la intención explícita de perjudicar la operatoria de las franquicias en el distrito, aunque finalmente terminó perjudicando a las inmobiliarias unipersonales o medianas.
La ordenanza modificó los criterios de uso de la cartelería en la vía pública. De esta manera, todas las inmobiliarias sanisidrenses se vieron obligadas a cambiar la configuración de los típicos carteles de venta y alquiler que se ven colgados en las propiedades.
Avanzar con esta medida significó realizar un esfuerzo económico y de logística enorme para las inmobiliarias, sobre todo para las más pequeñas, en el actual contexto de crisis que está atravesando el sector. Además, los responsables de las inmobiliarias debieron tramitar un “visado obligatorio” ante el CMCPSI, que deberá aprobar el diseño de los nuevos carteles, bajo pena de sanción si así no lo hicieran.
