La ministra de Seguridad de Javier Milei, Patricia Bullrich, presentó esta tarde el denominado "protocolo para el mantenimiento del orden público" cuyo objetivo es "asegurar la libre circulación en rutas y calles ante protestas que puedan derivar en piquetes o bloqueos" bajo la advertencia de que "si se toma la calle va a haber consecuencias".
Bullrich anunció en una presentación pública que todas las fuerzas federales van a intervenir para garantizar la aplicación del protocolo y que "se cobrarán los gastos del operativo policial" a los organizadores o impulsores de la protesta.
La ministra indicó que "si hay un delito flagrante" las fuerzas federales podrán intervenir "de manera inmediata" de acuerdo con "los códigos procesales vigentes" y que utilizarán "la mínima fuerza necesaria y suficiente", la cual será "graduada en proporción a la resistencia" que se oponga.
"Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal", agregó.
Ese artículo establece que "el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".
"Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz", señaló.
En ese sentido, la ministra recalcó que las fuerzas federales "van a actuar hasta que quede totalmente liberado el espacio de circulación" y que "si se corta la vía principal, se libera la vía principal" sin importar que exista "una vía alternativa".
"Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos", añadió, y resaltó que "se van a identificar a los conductores y a los vehículos utilizados".
La funcionaria agregó que "se va a trabajar" en las estaciones de tren y ante aquellas personas que "vayan con palos, caras tapadas o formas de participar de una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad".
"En el caos de participación de niños y adolescentes se le va a dar aviso a la autoridad competente y se procederá a dar sanciones aquellos que lleven niños para que no estén en las manifestaciones cuando tienen que estar en la escuela", destacó.
También planteó que "se va a crear un registro de las organizaciones que participan" en cortes de la vía pública, y remarcó que "enviará la factura" a las organizaciones o individuos responsables por todos "los costos vinculados a los operativos de seguridad".
El derecho a la protesta tiene rango constitucional como parte del artículo 19 en el que se consagra la libertad de opinión y de expresión.
Este nuevo protocolo se conoce luego de que la conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) confirmara esta semana que el próximo miércoles realizarán un "paro activo" en la Plaza de Mayo, como respuesta a "los anuncios" económicos del gobierno entrante.
La jornada de protesta coincidirá con el 22 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 cuando el gobierno de Fernando de la Rúa -del que Bullrich fue parte hasta días antes- reprimió las protestas con la trágica cifra de 38 muertos y finalmente la renuncia del ex mandatario radical.
