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Una jueza de San Isidro pidió informes a la Municipalidad de Vicente López antes de resolver si otorga una medida cautelar presentada por el intendente Jorge Macri para permitir que se reanuden las clases presenciales en ese distrito del norte bonaerense, pese a la decisión del gobierno nacional.

Se trata de la jueza en lo Civil y Comercial 12 de San Isidro, Estela Robles, quien solicitó al Municipio que brinde precisiones sobre la capacidad hospitalaria, de testeo y de transporte para los docentes, informaron fuentes del caso.

La magistrada pidió informes sobre lugares de testeo para el Covid-19, capacidad, frecuencia y temperamento a tomar ante la negativa de un docente.

También si el municipio cuenta con transporte propio para los docentes y capacidad de atención hospitalaria de los trabajadores de la educación ante eventuales contagios.

En la respuesta, la municipalidad aludió al fallo de ayer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que benefició a la ciudad de Buenos Aires en su amparo para continuar con la presencialidad en las escuelas, pese al DNU nacional que ordenó el dictado de clases no presenciales ante la suba de contagios de coronavirus.

Además, sostuvo que puede realizar 150 test diarios y que hay un “protocolo” en caso de negativa de docentes a testearse, según explicaron las fuentes.

Asimismo, puso a disposición el llamado transporte del “Bicentenario”, la línea de colectivos municipal que transita de manera gratuita, bajo protocolo y “con una frecuencia ininterrumpida”.

También afirmó que el 87 por ciento de los docentes y no docentes viven en Vicente López, San Isidro y ciudad de Buenos Aires, “lugares que declararon esencial la educación”, por lo que estaría permitido viajar en transporte público, y que el 65 por ciento tiene “movilidad propia”, según precisaron las fuentes.

Sobre la capacidad de atención del sistema de salud local, le aseguraron a la jueza que “es robusto”, “abierto y solidario a todos los vecinos de la región y provincia de Buenos Aires”.

La intendencia de Macri insistió con la vuelta a clases presenciales para todos los “educandos del municipio” pero planteó que, en todo caso, la magistrada considere la posibilidad de otorgar la cautelar al menos para los establecimientos municipales.

El jefe comunal presentó un amparo para que se dicte una medida cautelar ”ordenando la suspensión de los efectos del decreto 181/21 dictado el 17 de abril del corriente por el Poder Ejecutivo y los de la resolución 1208/21 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros junto con su Anexo I y se disponga la continuidad de las clases presenciales hasta tanto se dice sentencia en autos”

Robles se había declarado incompetente y derivó la demanda a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

Pero la semana pasada este Tribunal rechazó su competencia originaria y devolvió las actuaciones al juzgado con orden de resolver.