El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, habilitó la feria judicial para tratar el recurso de amparo presentado por unos 500 intendentes contra las desregulaciones impulsadas por el gobierno de Javier Milei a través de un mega decreto de necesidad y urgencia.
El pedido de amparo fue realizado a través de la Federación Argentina de Municipios (FAM) que reúne a intendentes e intendentas de todo el país debido a la presunta “inconstitucionalidad, y consiguiente nulidad absoluta e insanable, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23”.
La “protección cautelar” solicitada en la presentación judicial que fue habilitada para tratarse en período de feria busca la “inmediata suspensión” de los efectos del DNU, “hasta tanto se dicte sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada” para precaver sus consecuencias jurídicas y materiales que pueden resultar irreversibles.
En sus fundamentos, la demanda afirmó que el DNU es “manifiestamente inconstitucional, por cuanto viola de modo flagrante los presupuestos y las condiciones constitucionales de emisión”, osea su carácter de necesidad y urgencia de alguno de los más de 300 artículos así como la imposibilidad del Congreso de tratarlo.
Para la FAM la inconstitucionalidad resulta “patente, evidente o manifiesta, por cuanto no exige medidas de prueba ni ninguna investigación adicional para comprobar la falta de adecuación del mismo con las reglas y principios fijados expresamente por la Constitución como condición de su validez”.
