Si la Justicia avala las demandas realizadas, las empresas de medicina privada deberán reintegrarle a sus afiliados, el dinero que desde diciembre cobraron por encima de la inflación.
La denuncia de legisladores de la Coalición Cívica ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia desnudó la existencia de precios abusivos y cartelización de algunas de un grupo siete de prepagas, que fueron intimadas a retrotraer por seis meses (hasta octubre) sus cuotas al valor de diciembre último. Como máximo les permiten aplicar aumentos en sintonía con el IPC, el Índice de Precios del Consumidor del INDEC.
Por otro lado, una medida cautelar en sentindo similar de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) alcanzó a no 7 sino 16 prepagas que representan el 91% de los afiliados a la medicina privada de Argentina.
Al igual que en la denuncia de la Coalición Cívica, el eje fue la presunción de conductas comerciales "abusivas", luego de que el mega decreto 70/2023 liberara los precios del sector. Es el mismo decreto que tiene suspendidos algunos capítulos por la Justicia, y que tiene múltiples denuncias de inconstitucionalidad.
El pedido de la SSS no solo no apunta a las mismas entidades (entre las 7 y las 16 en uno y otro caso solo hay 5 en común) sino que, mientras la resolución del Ejecutivo ordenó acomodar las cuotas -a los valores comentados- por seis meses, el amparo de la Superintendencia apunta a la devolución retroactiva (o sea, todo lo cobrado por encima de la inflación desde diciembre), pero no dice nada sobre lo que debería pasar con las cuotas de acá en más.
Le toca al Juzgado Civil y Comercial Federal Nº8 decidir si le hace lugar o no al amparo, tramitado vía una medida cautelar. Mientras tanto, dos cosas se pueden esperar de esa decisión.
La primera es que, por la naturaleza de este tipo de recursos y tomando en cuenta que en el texto presentado ante la Justicia, la Súper solicita celeridad y urgencia varias veces, es lógico que la resolución salga rápidamente.
La segunda es que, en línea con lo que vino pasando con distintos amparos colectivos, hay bastantes chances de que se le haga lugar a la medida y las empresas, en efecto, deban devolver lo que estuvieron cobrando por encima de la inflación.
¿Cómo se haría la devolución?
La cautelar de la Superintendencia incluye un documento anexo donde se esboza una propuesta sobre cómo concretar la devolución del dinero. Es solo una sugerencia, que por supuesto, como toda la medida, depende de la disposición de la Justicia.
La diferencia entre el IPC de estos meses y lo que estuvieron cobrando las prepagas prácticamente llega al 70%. La propuesta es una devolución en cuotas.
Siete meses consecutivos de devolución, en cuotas de 9,68% cada una. Arrancaría en junio y seguiría hasta fin de año.
En cuanto a cómo impactaría en lo que paga el afiliado, la cautelar no le pidió a la Justicia que obligue a las empresas a mantener sus cuotas futuras acorde a ningún índice.
Mientras se empieza a hablar de un "control de precios encubierto” (lo opuesto a la impronta libertaria), se deduce que si la SSS no hizo ningún planteo a futuro, es precisamente para no quedar en una posición contradictoria.
Así, con respeto al decreto 70, les deja la puerta de la libertad para fijar sus precios pero, según se sugiere desde el Gobierno, con la idea de que superen a la inflación.
Si en un junio las empresas deciden aumentar un 10%, dado que deberían devolver 9,68%, el aumento de la cuota quedaría en 0,32%.
Las entidades incluidas en el amparo son OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, Obra Social Luis Pasteur, Hominis, Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Obra Social Unión Personal Civil de la Nación (Accord), Mutual Federada 25 de Junio, ACA Salud, Sancor Salud y Prevención Salud.
En comparación con las siete obligadas por el gobierno a recalcular las cuotas, faltan de esta lista los planes de salud de los hospitales Alemán y Británico.
