Posiblemente con toda justicia los docentes empleados en la provincia de Buenos Aires reclamen una recomposición de salarios, y posiblemente el gobierno tenga razón al decir que asigna el 35% de su presupuesto a la educación.
Para quienes terminamos siendo el pato de la boda -padres y alumnos- lo único que sí sabemos es que cada vez que el gobierno autoriza un aumento salarial a los docentes, esta actualización tambiín beneficia a los del ámbito privado (supongo que con justicia), y con la misma automaticidad, en esta Argentina de la acción y reacción, los establecimientos educativos privados, incluidos lo que cuentan con subvención estatal, encuentran la oportunidad justa para trasladar esos ajustes generosamente inflados a los aranceles.
Hasta el año 2007, la “mano dura” del nunca bien ponderado secretario de comercio interior mantuvo relativamente acotados esos aumentos, pero en 2008 el gobierno de la provincia saltó el charco y dejó que las escuelas cobraran una cuota adicional que hizo que el aumento promedio de la prestación educativa del período rozara el 40%.
Como ya fuera informado en algunos medios periodísticos, en 2009 las escuelas privadas arrancaron con aumentos de por ejemplo 50% la prestación obligatoria de emergencia mídica, o la incorporación por ejemplo del ítem servicio de comedor con valores que traducidos a una población de 1.000 alumnos significan una facturación adicional de $ 10.000 por mes, como si el servicio reciín comenzara a prestarse.
El gobierno con todos sus organismos no alcanza a controlar lo que dice controlar, las administraciones escolares siguen acomodando sus números, y los padres seguimos siendo los usuarios cautivos de la industria de la educación, en el mantenimiento de la convicción de que no podemos mudar a nuestros hijos de escuela como de zapatos.
El estado debe involucrarse más en el asunto, al menos mientras la tan publicitada educación pública, laica, libre y gratuita siga adoleciendo de la conocida falta de infraestructura para absorber la demanda.
En este contexto, siendo la educación un servicio público de acceso universal, como tal debe ser legislada no sólo en el aspecto programático acadímico sino tambiín en el arancelario, no quedar como hoy sometida a las leyes del mercado o la voluntad de los administradores.
*Rolando Moyano
Florida – Vicente López
Fuente: infoban.com.ar
