El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este sábado 21 de febrero un reclamo enfático contra la administración de Javier Milei, al asegurar que la Nación mantiene una deuda total con el distrito por más de $22,2 billones que corresponde a recortes de programas, obras paralizadas y obligaciones no cumplidas. La denuncia fue difundida en redes sociales por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López.
A través de un hilo en X, López describió que los recursos perdidos desde diciembre de 2023, cuando asumió el Gobierno nacional, se explican por varios factores: menor recaudación propia, discontinuidad de programas nacionales, deudas directas con la Provincia y recortes de recursos coparticipables. Según sus datos, ese conjunto de impacto equivale a 8 años de inversión en obra pública provincial.
“Atravesamos un ahogo financiero inédito”, planteó el funcionario bonaerense en su posteo, acompañando el reclamo con gráficos sobre la caída de recursos tributarios y las deudas acumuladas en diferentes rubros.
Desde la administración bonaerense sostienen que parte de ese monto está vinculado a obligaciones pendientes de la ANSES y transferencias de convenios educativos y sanitarios, así como a la paralización de programas como Procrear y el Fondo de Incentivo Docente (FONID). Estas diferencias también son materia de siete demandas judiciales presentadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de obtener la restitución de fondos que consideran retenidos ilegalmente.
En su denuncia, López advirtió que el reclamo no sólo tiene un impacto contable, sino que afecta directamente servicios básicos como educación, salud y seguridad, al reducir los recursos disponibles para sostenerlos. Además, señaló que la situación es incompatible con los principios de federalismo y desarrollo económico, y pidió al Gobierno nacional que “desista de la asfixia financiera” y cumpla con sus obligaciones.
Este planteo se enmarca en un tenso cruce fiscal y político entre la Provincia y la Nación, que incluye disputas por la coparticipación federal de recursos y la autorización para tomar financiamiento público, un tema que ya había generado tensiones previas durante 2025.
