El gobierno de ultraderecha de Javier Milei avanza en el proceso de privatización de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), que presta el servicio de agua y cloacas en una amplia zona que abarca la Ciudad de Buenos Aires y una treintena de municipios del conurbano bonaerense.
Los nuevos pasos del Ejecutivo para desprenderse de la compañía se encuadran en la reforma del marco regulatorio dispuesta con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el 493/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.
La normativa modifica el artículo 2° del Decreto N° 304/06, donde se establecía que el 90% del capital de AySA pertenece al Estado y disponía que dichas acciones “serían intransferibles y que esa proporción no podrá ser disminuida como consecuencia de operación social alguna”.
El decreto también determinó que “el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria”, lo que abrió la posibilidad de la privatización.
Asimismo, se agregaron una serie de nuevas autorizaciones para la gestión de la empresa concesionaria, destacándose la posibilidad de interrumpir el suministro del servicio prestado ante deudas de los clientes.
Atribuciones incorporadas
- Podrá efectuar el corte del servicio en caso de mora.
- Contará con amplias facultades para revisar y auditar, desde el punto de vista técnico, todas las obras que se ejecuten dentro del área regulada.
- Podrá constituir como garantías los fondos provenientes de la explotación del Contrato de Concesión para garantizar el repago del financiamiento destinado a la prestación del servicio público.
