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La Asociación Civil “Para todos porque es de todos” fue admitida por la Justicia como "amicus curiae" en la causa que el Estado Nacional inició contra la empresa Cencosud para retomar el control del predio de la ex Obras Sanitarias en Beccar.

Si bien la intención de los vecinos apuntaba a participar en el expediente como “terceros interesados”, el juez Patricio Maraniello resolvió no hacer lugar a ese pedido, como habían pedido las partes intervinientes, pero incluirlos como "amigos del tribunal", por considerarlos "de gran ayuda" ante un proceso de interés público.

"Nos reconoció para intervenir en el expediente, pero no con los plenos derechos que la ley otorga" indicaron desde la asociación y agregaron: "Este gesto que, por un lado, nos honra y agradecemos, por el otro, condiciona nuestra participación en el juicio a meros consejeros y nos quita voz y voto en las decisiones y gestiones futuras sobre este predio. Es importante, pero no nos alcanza".

Por este motivo, el grupo vecinal ya adelantó que va a apelar la resolución y se mostró muy disconforme con el rechazo del Estado a su participación en la causa.

“Para todos porque es de todos” junto a otros grupos vecinales pretende que en el predio de 20 hectáreas ubicado en avenida Centenario y Tomkinson, se abra un parque público libre y gratuito ante la escases de espacios verdes.

El magistrado fundamentó su rechazo a la asociación a intervenir en la causa que lleva adelante el Estado Nacional a través de la Agencia de Bienes del Estado (AABE) contra la empresa Cencosud en que “no puede ser considerada (la asociación) como tercero en los términos del artículo 90 del CPCCN, atento las oposiciones planteadas por la accionante (AABE) y por la accionada (Cencosud), quienes no consideran adecuada su intervención como tercero, y el tribunal no puede obligar a litigar contra partes no deseadas, ni por la accionante, ni por la accionada”.

Vale recordar que tras años cerrado, el predio fue concesionado a la empresa Cencosud en el año 1996 con la condición de que debía llevar adelante la remediación de suelo y la construcción de un hipercentro comercial, lo que finalmente no ocurrió. Por ello, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) inició en 2016 un juicio para recuperar el terreno para el patrimonio nacional.