La Cámara de Diputados envió a comisión el dictamen de mayoría de la ley Bases y se levantó la sesión de este martes, debido a la falta de acuerdos para aprobar artículos claves de la iniciativa promovida por el Gobierno, como las privatizaciones de empresas públicas, el sistema de endeudamiento y temas de seguridad.

Desde La Libertad Avanza por redes sociales afirmaron que “La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión”.

La decisión se adoptó porque el oficialismo no tenía los votos para aprobar artículos claves de la ley, como las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales.

Con esta resolución, el proyecto de 646 artículos se deberá empezar a tratar de nuevo, ya que cayó la aprobación en general del proyecto así como los artículos aprobados y la orden del día número 1, de acuerdo con el artículo 155 del Reglamento de la Cámara baja.

La moción de devolver el proyecto a comisión fue formulada por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Zago, tras lo cual el presidente del cuerpo, Martín Menem, levantó la sesión.

El pedido de Zago sucedió luego de un cuarto intermedio solicitado para buscar acuerdos sobre el capitulo 7 de privatizaciones y la convocatoria a una reunión de Menem con los jefes de bloques.

El oficialismo consiguió aprobar el viernes pasado el proyecto en general con 144 votos, y hoy pudo votar la emergencia, y la facultades delegadas, pero tuvo un fuerte traspié cuando no pudo sancionar la mayoría de los artículos de la reforma administrativa del Estado.

En el transcurso de la sesión Diputados rechazó hoy gran parte de los incisos del Capítulo sobre Reforma del Estado, contenido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, y que referían a la reorganización administrativa de los organismos de gobierno.

El rechazo de cinco de los seis incisos que contenían el quinto artículo de la iniciativa fue producto de la negativa de los bloques de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, un sector del radicalismo y otro del bloque Hacemos; en tanto que el PRO, la mayoría de la UCR y La Libertad Avanza votaron a favor.

“Al oficialismo le encanta seguir perdiendo. Traten de receptar algunas propuestas y de ganar, siempre hay que ganar”, expresó el titular del bloque Hacemos, Miguel Angel Pichetto, antes de pedir un cuarto intermedio de quince minutos con los jefes de los bloques y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tras cuatro horas de sesión, el debate en particular de la iniciativa sólo cubrió cinco de los más de trescientos artículos del proyecto de Ley.

La votación por incisos, mocionada por el jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo, enterró las chances de que la ley tuviera un mejor destino para el oficialismo ya que, en el caso del artículo quinto, al eliminar cinco de los seis incisos, la iniciativa quedó inerme.

La Cámara de Diputados resolvió eliminar el inciso a) referido a la facultad del Poder Ejecutivo a “regular y concentrar en un marco regulatorio la organización y funcionamiento interno del Sector Público Nacional”; y el c) que le permite “centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir total o parcialmente, órganos o entidades que integran el Sector Público Nacional”.

El Gobierno tampoco podrá “suprimir total o parcialmente competencias, funciones y responsabilidades superpuestas, duplicadas o cuyo mantenimiento se haya tornado manifiestamente innecesario de los órganos o entidades que integran el Sector Público Nacional”, contenido en el inciso d).

La Cámara de Diputados también eliminó el inciso e) con el que el Poder Ejecutivo podía “intervenir todos los entes, empresas y sociedades del Sector Público Nacional”.

En cambio, se mantuvo en pie el inciso b) que permite “regular e implementar la mejora de la profesionalización de la carrera administrativa de los agentes de la Administración Pública nacional mediante un sistema de acceso y promoción en función del mérito y la obtención de logros y metas objetivas preestablecidas”.

Del proyecto del oficialismo también fue aprobado el artículo sexto que faculta al Ejecutivo a "regular y concentrar en un marco normativo el régimen de contrataciones aplicable a toda la Administración Pública Nacional”.