Por Gonzalo Fuentes y Arballo, abogado, Magister en Administración de Empresas, Maestrando en Derecho Tributario, Doctorando en Ciencias Jurídicas, especialista en Compliance y Prevención de Lavado de Activos
El Gobierno, a través de DGI–una de las direcciones que integran ARCA- presentó una denuncia penal contra Sur Finanzas (PSP SA), la financiera vinculada públicamente al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Según la presentación, la maniobra de presunto lavado podría alcanzar los $818.000 millones y se investigan, además, evasiones por más de $3.300 millones del Impuesto al cheque y pagos millonarios canalizados mediante su billetera virtual. La empresa, que nació en 2022 como Neblockchain SA y en 2024 cambió su nombre a Sur Finanzas, ganó fuerte exposición como sponsor y prestamista de clubes: obtuvo el naming del torneo (“Copa Sur Finanzas”), pautó en camisetas y gestionó un préstamo cercano a $2.000 millones a San Lorenzo, entre otras operaciones.
Más allá de las eventuales responsabilidades que determine la Justicia, el caso pone en primer plano un problema estructural: relaciones económicas opacas entre actores financieros y entidades deportivas, baja trazabilidad de fondos, beneficiarios finales poco claros y conflictos de interés insuficientemente gestionados. Es el terreno fértil donde el compliance — con programas de integridad robustos, medibles y auditables— deja de ser un enunciado y se vuelve un requisito para sostener la legitimidad del fútbol y su viabilidad económica.
Qué revela el caso Sur Finanzas
Una congestión de riesgos en un mismo proveedor: sponsoreo, préstamos y servicios de pagos, operaciones cripto sin controles o debida diligencia. Es claro que las medidas hasta aquí tomadas por la organización del futbol profesional están lejos de resultar proporcionales a la exposición. Existe una brecha entre “titulares formales” y “operadores reales”, un entramado que dificulta identificar intereses, responsabilidades y vínculos con la dirigencia.
A ello se suman controles internos débiles para detectar pagos inusuales, conflictos de interés, léase la percepción casi a mera rápida mirada de arbitraje escandalosos, calendarios incomprensibles y decisiones reglamentarias que sellan “campeones” en escritorios, léase Rosario Central campeón de la Liga 2025.
Estos déficits no son exclusivos del fútbol local: el deporte profesional global enfrenta riesgos crecientes por el volumen de transacciones, el auge de billeteras virtuales y la expansión de patrocinios y apuestas online. La diferencia entre crisis recurrentes y un ecosistema sostenible está en la calidad de los sistemas de integridad.
La agenda mínima de integridad que puede aplicarse ya para evitar manchar la pelota
Tomando estándares internacionales y las mejores prácticas sectoriales, federaciones, ligas y clubes pueden reducir drásticamente su riesgo con un plan de que concerté ejes de transparencia e integridad, el plan debe ser proporcional al tamaño y exposición de cada entidad.
Algunos de esos ejes que asoman como de urgente implementación son: debida diligencia reforzada para terceros críticos, lograr conocer cuál es el origen de los directivos y del dinero de empresas que se vuelcan a asociarse con el deporte en sus diferentes ámbitos de desarrollo. En ello va verificar quienes son los sponsors, los proveedores de servicios de pago (PSP) las empresas Fintech y los prestamistas de turno ¿son quienes aparecen en los contrato de préstamo los verdaderos prestamistas?.
Existen diferentes agencias que revisan ese origen de fondos y de personas que se dicen sus titulares, entre ellas ARCA, UIF y Banco Central, pero esos controles, como demuestra la magnitud del caso Sur Finanzas llegan tarde.
El control debe ser auto impuesto por los clubes por la AFA misma resultan el único camino para “no manchar la pelota”, cuando el Estado actúa la pelota ya tiene más manchas que overol de mecánico.
Otros aciertos de relativa fácil implementación son las declaraciones y gestión de conflictos de interés para dirigentes y decisores; contratos con cláusulas anticorrupción y derechos de auditoría, imponer en esas mismas contrataciones causales de terminación por integridad, cooperación con autoridades, como en el reciente caso de Diego García, ex jugador de Estudiantes de La Plata, hoy condenado por abuso sexual agravado, García en la actualidad se encontraba jugando en Peñarol, el contrato que lo une a dicha entidad tiene una particularidad: contempla su rescisión en caso de una condena penal.
Pero sumemos más herramientas: Canales de denuncia y protección al denunciante con protocolos de investigación consistentes y garantías anti-represalia. La lista puede seguir, solo se intenta poner sobre la mesa algunas de las oportunidades de mejora.
La oportunidad de un punto de inflexión
La AFA es el máximo organismo regulador del fútbol a nivel nacional, cuenta con potestad para modificar las reglas del juego y organizar la mayoría de los torneos locales, es momento de separar nítidamente los negocios financieros de las decisiones deportivas, publicar beneficiarios finales y someter contratos de alto impacto a escrutinio público e independiente.
No hablamos de una carga burocrática: es un seguro de legitimidad y una ventaja competitiva. Si el caso Sur Finanzas se convierte en catalizador de una agenda de integridad, el fútbol argentino puede cortar la raíz de sus crisis recurrentes. La prevención siempre es más barata, más rápida y más justa que la próxima tormenta.
