La Justicia de San Isidro dejó sin efecto las medidas que prohibían la castración química, las inyecciones anticonceptivas y otras acciones de control sobre la población de carpinchos en Nordelta. La decisión, adoptada por la jueza María Paula Venere, se conoció apenas un mes después del fallo que había otorgado protección a los humedales y la fauna silvestre del lugar.
La polémica entre los vecinos del complejo privado y las organizaciones ambientalistas vuelve así a encenderse. En septiembre pasado, el juez civil y comercial N°13 de San Isidro, Guillermo Ottaviano, había ordenado —en el marco de una cautelar impulsada por la Asociación Civil Callejero Casa Quiere— la suspensión inmediata de cualquier obra o actividad que afectara los humedales y prohibió aplicar métodos de control poblacional sobre los capibaras, como la castración química o las inyecciones anticonceptivas.
En esa resolución, Ottaviano señalaba que Nordelta S.A. debía abstenerse de realizar obras o acciones que alteraran, dañaran o destruyeran los humedales y la fauna silvestre, hasta tanto se aprobara un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo que contemplara “los efectos pasados, presentes y futuros de las urbanizaciones, fumigaciones y demás intervenciones sobre los ecosistemas locales”.
El magistrado había fundamentado su decisión en la “fragmentación del ecosistema” atribuida a la empresa por la instalación de cercos perimetrales, tablestacados, construcciones y fumigaciones ilegítimas, que —según el fallo— “impiden el libre tránsito de la fauna y causan la muerte de ejemplares de carpinchos”.
La revocación
Sin embargo, en las últimas horas la jueza María Paula Venere, titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de San Isidro, revocó las medidas cautelares dictadas por Ottaviano. De esta manera, dejó sin efecto tres disposiciones clave: la suspensión inmediata de obras o actividades que alteren los humedales y la fauna silvestre; la prohibición de aplicar castración química, inyecciones anticonceptivas u otros métodos de control sobre los carpinchos; y la restricción de realizar fumigaciones que afecten el ambiente en el Delta del Paraná.
Además, la magistrada unificó la causa presentada por la ONG Callejero Casa Quiere con otra impulsada por once vecinos de Nordelta, quienes sostienen que existe una “superpoblación de carpinchos” y reclaman medidas de manejo como relocalización, vasectomías, modificación del decreto que los protege e incluso su reclasificación como fauna exótica o plaga no nativa.
Rechazo y apelación
Tras conocerse la resolución, la abogada María de las Victorias Silvano González, representante legal de Callejero Casa Quiere, confirmó que apelará el fallo.
“Sabemos del poder de Nordelta S.A., pero los animales necesitan que se los proteja. Apelaremos la revocación de la cautelar porque los carpinchos merecen ser defendidos”, afirmó.
En la misma línea, Silvia Soto, vocera de la organización La Voz de los Carpinchos, calificó la decisión como “grave y preocupante”.
“Esta revocación se agrava por la unificación de la causa con otra de vecinos de Nordelta, con quienes no compartimos la visión sobre la fauna silvestre. Contrataron un biólogo que habla de eutanasia y faena de carpinchos. Es una locura”, expresó.
Soto advirtió que el nuevo escenario judicial “va totalmente en contra de lo dictaminado por el juez de primera instancia y de las políticas de preservación ambiental que deberían regir en una zona de humedales”.
