En una conferencia realizada en la sede de ATE Zona Norte, jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense denunciaron que el Gobierno nacional mantiene una deuda de 2,1 billones de pesos con la provincia destinada al financiamiento del sistema previsional. Según detallaron, el monto corresponde a fondos que la Nación debería transferir en cumplimiento de la Ley 27.701 y que, aseguran, dejaron de enviarse desde la asunción del presidente Javier Milei. “La deuda es megamillonaria y crece mes a mes”, afirmaron durante el encuentro.
Los voceros explicaron que el IPS paga actualmente 374.500 jubilaciones y pensiones y que, pese al faltante de recursos nacionales, la Provincia continúa abonando los haberes y el aguinaldo en tiempo y forma. Destacaron que el sistema bonaerense tiene una característica diferencial respecto de ANSES: la movilidad está atada a los aumentos salariales de los trabajadores activos, tanto municipales como provinciales y docentes, lo que permite que los haberes se actualicen por paritarias.
En ese marco, señalaron que durante 2025 se registraron cinco actualizaciones en algunos sectores y que incluso hubo incrementos retroactivos. Sin embargo, admitieron que el poder adquisitivo general se vio afectado por el contexto inflacionario nacional. “Uno ve que perdemos menos que otros, pero la incertidumbre es hasta cuándo se podrá sostener”, plantearon, al advertir que el desfinanciamiento podría impactar en el mediano plazo.
Los jubilados sostuvieron que el incumplimiento no sería una demora administrativa sino una decisión política. Recordaron que las provincias que conservaron sus cajas previsionales realizan aportes y que la Nación debía compensar esos fondos. En esa línea, no descartaron que el conflicto pueda derivar en instancias judiciales para exigir el cumplimiento de la normativa vigente y alertaron sobre el riesgo de una eventual armonización forzada o cambios estructurales en el sistema.
Más allá de las acciones legales, los referentes explicaron que el primer paso fue elaborar un documento para difundir la situación entre los propios beneficiarios del IPS, ya que consideran que muchos desconocen el alcance del problema. “El nuestro no es un conflicto visible porque la Provincia sigue pagando, pero el riesgo es a futuro”, remarcaron. La preocupación central, insistieron, no es el haber actual sino la sustentabilidad del sistema previsional bonaerense en un escenario de creciente tensión financiera.
Participaron de la actividad Alicia Fernández, jubilada municipal de Vicente López; Norma Piazza, medica jubilada municipal de Vicente López; Leandro Bertoni, docente jubilado municipal de Vicente López; Alberto Sartorio medico jubilado provincial San Martin; Dra Maria Ines Alvarez, medica jubilada de Vicente López; Maria del Carmen Berdiñas, empleada jubilada municipal de Vicente López, entre muchos otros.
