A pedido de la Justicia, efectivos federales realizaron un allanamiento en la Municipalidad de San Martín en el marco de una causa que investiga una denuncia de cobro de falsos trabajadores similar a lo ocurrido en la Legislatura con “Chocolate” Rigau.
En este caso, hace unos meses se inició una investigación por el cobro de sueldos de dos trabajadores municipales que realmente no lo eran. Los documentos y nombres pertenecen a personas reales pero que no tuvieron relación con la comuna.
La causa, a cargo de la jueza federal Alicia Vence, se inició en diciembre pasado cuando una de estas personas, beneficiario de un plan social del Ministerio de Desarrollo Social denunció que le fue interrumpido el cobro porque a su vez aparecía como empleado municipal de San Martín, con un sueldo de unos 300 mil pesos, lo cual le era incompatible, y en el cual nunca .
Ese fue el puntapié de la investigación que desnudó la aparente maniobra de una persona que contaba además de la tarjeta a nombre del denunciante también el de otra persona con la que cobraba el sueldo de ambos en un cajero.
Estas dos personas fueron nombradas en un decreto donde había otras 11, sobre los cuales no existe sospecha y según pudo recabar InfoBAN se desempeñan en diferentes áreas del municipio. Los dos nombres apócrifos vinculados a las tarjetas correspondían a personal del Concejo Deliberante.
El municipio de San Martín se presentó como querellante en la causa, al verse como damnificado, pero la jueza lo rechazó. Esa decisión fue apelada por la comuna y la Cámara dejó firme lo dispuesto por Vence, para excluir al municipio. Según consta en el expediente, la comuna respondió y colaboró con todo lo pedido por la Justicia.
Semanas atrás ya había sido allanada la oficina de la presidencia del cuerpo deliberativo, que al momento de lo investigado estaba a cargo de Diego Perrella, y actualmente de Sergio González. Además la jueza Vence impuso la prohibición de salida del país para cinco personas entre ellas al intendente de San Martín Fernando Moreira, ya que su firma estaba en el decreto de nombramiento junto con el de los funcionarios de segundo y tercer nivel correspondientes a las designaciones.
Desde la comuna subrayaron que "Se trata de una denuncia que involucra a dos personas que figuraban como empleadas del Honorable Concejo Deliberante, supuestamente sin tener conocimiento de ello"
"El Municipio es el principal interesado en que se esclarezca el hecho. En todo este tiempo respondió y colaboró con todo lo solicitado por la Justicia. De hecho, el 22 de marzo, se presentó como querellante en la causa."
En este lapso "continuaron las diligencias procesales hasta el allanamiento de hoy en el Palacio Municipal, donde nuevamente el Municipio se prestó a toda colaboración para contribuir a la causa".
