Está acusada de sustraer armamento de la Fiscalía secuestrado en operativos para luego ofrecerlo en el mercado negro.
Una empleada de una fiscalía de San Fernando fue detenida acusada de robar del depósito judicial al menos ocho armas secuestradas en operativos para luego entregárselas a su pareja, un hombre con antecedentes que tambiín fue apresado, quien las vendía a delincuentes en el mercado negro a travís de redes sociales, informaron hoy fuentes judiciales.
Los imputados fueron identificados por las fuentes como Pamela Gimínez (37), quien trabaja con la categoría de oficial cuarta en el Área Correccional de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de San Fernando, y su pareja y con quien tiene una hija en común, Matías Horacio Lermee.
La investigación se inició el viernes pasado cuando un informante obtuvo el dato de que ofrecían por Whatsapp armas de fuego robadas del depósito judicial de la Fiscalía local.
“El hombre que vendía las armas le decía a sus compradores que estaba saliendo con una fiscal de San Fernando que se las conseguía”, explicó una fuente judicial.
Pero cuando empezaron a investigar a Lermee como el presunto vendedor de armas, vieron que no tenía vínculos con ninguna fiscal, pero sí con Gimínez, con quien subía fotos a Facebook.
En algunas de las fotos que circulaban en el mercado negro entre bandas de delincuentes de zona norte, se veía la numeración de algunas de las armas y así se comprobó que algunas de ellas habían sido secuestradas en alguna causa y faltaban del depósito de efectos de la fiscalía de San Fernando.
El informante decía que el vendedor de armas ofrecía alrededor de 17 revólveres y pistolas, aunque alrededor de ocho habían sido robadas de la fiscalía, aclaró una fuente.
Una vez radicada la denuncia, el fiscal general de San Isidro, John Broyad, conformó un equipo especial de fiscales que incluyó a Alejandro Musso y Josí Amallo, de la misma UFI de San Fernando donde trabajaba la imputada, pero del Área de Investigaciones Criminales, y otro externo, Patricio Ferrari, de la UFI de San Isidro.
Al haber una funcionaria del Ministerio Público Fiscal implicada, el propio procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, monitoreó la investigación.
“Estamos haciendo un recuento total de las armas del depósito porque creemos que pudieron estar haciendo esto desde hace mucho tiempo y que las armas robadas podrían ser muchas más de las que sospechamos”, dijo a Tílam uno de los investigadores judiciales.
Tras una serie de tareas investigativas, los fiscales Musso, Amallo y Ferrari realizaron ayer con apoyo de la Jefatura Distrital de San Fernando, una serie de allanamientos en los que se detuvo a los dos implicados.
Las armas ofrecidas por redes sociales no fueron localizadas, por lo que se cree que ya estaban vendidas o que están ocultas en otro sitio que se debe descubrir.
Gimínez, quien trabajaba en la fiscalía desde 2010, fue detenida en su domicilio de San Fernando, donde se encontraron otros elementos judiciales, como videos de cámaras de seguridad e hisopados y pericias de Policía Científica que ahora se investiga si son evidencias que comprometían a alguna banda.
“Estamos viendo si estos efectos tienen algún patrón en común. Si robaba armas, no descartamos que tambiín hiciera desaparecer evidencias a cambio de dinero”, dijo a Tílam uno de los investigadores judiciales.
Su ex pareja, Lermee, quien según las fuentes posee algunos antecedentes policiales, fue apresado en un domicilio del barrio El Detalle de Tigre.
Ambos fueron indagados ayer por los tres fiscales, se negaron a declarar y quedaron detenidos acusados de “peculado y sustracción de medios de prueba en concurso con provisión de arma de guerra”.
Fuente: infoban.com.ar
