Una dotación de efectivos de Gendarmería Nacional se presentó este jueves por la mañana en el ingreso a la planta de la empresa Lustramax, en Tortuguitas, donde desde hace dos semanas existe un conflicto gremial por despidos antisindicales.
Desde la organización interna, que desde el lunes se encuentra en asamblea permanente ante los despidos que se hicieron de palabra y no legalemente, criticaron la situación y aseguraron que están para "intimidarlos".
En ese marco desde la CeProDH indicaron que el operativo "es completamente ilegal" ya que la fuerza federal "no tiene jurisdicción" en ese ámbito del territorio nacional sin una orden judicial.
Preventivo de Crisis
Por otro lado, se conoció el procedimiento preventivo de crisis (PPC) -que es parte de la ley nacional de Empleo- presentado por los dueños de la empresa.
En ese marco, lejos de atribuir a cuestiones de carácter sindical -como un "asado semanal" o una "canchita de fútbol"- como uno de los socios señaló en una tragicómica entrevista con un medio afín al gobierno nacional de ultraderecha, se atribuyó legalmente que la crítica situación se debe a cuestiones meramente relativas a las medidas macroeconómicas desarrolladas por la administración de Javier Milei, como la apertura de importaciones y la caída de las ventas.
El texto presentado ante la Secretaría de Empleo nacional atribuye a que "a partir de principios de 2025, la empresa sufrió las consecuencias de un brusco cambio de las variables económicas de su entorno", a la vez que "los productos de elaboración propia tuvieron que afrontar la masiva entrada de importaciones del sudeste asiático gracias a la liberación de las importaciones".
"Al mismo tiempo, la recesión de la demanda obligó a extender los plazos de cobro y aumentar el volumen de operaciones con márgenes mucho más reducidos para cubrir los gastos fijos" agrega en otro párrafo.
Al inicio del conflicto, los trabajadores denunciaron que el PPC era "trucho" y que a pesar de estar previsto por la legislación laboral para evitar la pérdida de puestos de trabajo, la empresa había despedido de hecho -sin notificación legal- a 13 personas, entre ellas varios delegados sindicales, y había anticipado la cesación de otros 16.
El lunes último le negaron el ingreso a la primera tanda de despedidos sin que les haya llegado el telegrama o notificación legal alguna, lo que llevó a que alguno de ellos se establezca en el lugar para que la patronal "no tenga la excusa de que se ausentaron", donde permanecen hasta hoy. También se encuentran en la planta de forma permanente algunos de los dueños.
