Los conflictos sindicales permanentes, que atentan contra la continuidad del derecho de acceder a una educación obligatoria, tiene su efecto en la realidad, y la matrícula de educandos del sistema estatal decrece.
Mientras que la población está en constante aumento, la población en edad de escolaridad decrece, al menos en la matrícula de las escuelas públicas, una raro efecto del crecimiento demográfico a la inversa.
Paradójicamente la matriculación de estudiantes en las escuelas privadas aumentó.
Los números no dan lugar a dudas, los padres son obligados a inscribir a sus hijos en instituciones privadas merced a la imposibilidad de atender a sus hijos relegando la incipiente necesidad de trabajar de ambos progenitores.
Mientran en 2009, respecto de 2008, la cantidad de inscriptos en escuelas públicas se redujo en 100.000 estudiantes, la matrícula de inscriptos en las instituciones privadas aumentó en aproximadamente 150.000 alumnos.
Ello a simple vista implica una progresiva expulsión de estudiantes del sistema de educación pública por parte del estado, obligando a los ciudadanos a costear la educación básica obligatoria en el ámbito privado.
Es un efecto propio de una presión sindical que entiende las medidas de fuerza como herramienta en desmedro de los estudiantes y de la continuidad de la educación, como elemento fundamental de la formación sistemática de los mas chicos.
Pero el efecto no es local: en la provincia de Rio Negro, hace ya 14 días que no hay clases, es decir que las medidas de fuerza privan de un derecho fundamental a los alumnos y el estado incumple con una obligación constitucional.
En la provincia de Buenos Aires, hoy tampoco hay clases por la falta de acuerdo en la remuneración de los docentes, y la próxima semana, se cumplirán 48 horas de nuevo paro de los docentes porteños, a lo que podría sumarse –de no haber acuerdo- otras 48 horas de paro de los sindicatos de la provincia de Buenos Aires.
Los alumnos son rehenes de aquellos que deben estar al frente de las aulas, el estado es obligado a brindar el servicio educativo obligatorio, y los padres, deben salir a trabajar, ya no para subsistir, mejorar sus condiciones de vida, sino para poder hacer frente a la nueva falencia del estado.
Las cuotas de los colegios crecen, se han inventado nuevos conceptos como “material didáctico” o la cuota extra de “mantenimiento” que obligan a los padres a pagar todos los meses un canon por el servicio, aún cuando íste se brinde efectivamente durante 9 meses.
El impacto en el bolsillo se hace sentir: 9 cuotas de escolaridad, una de matrícula, las dos nuevas autorizadas por la autoridad estatal... 12 cuotas.
A ello hay que agregarle el material elemental, libros, uniformes, y nadie parece recordar que en nuestro país la educación es laica, obligatoria y gratuita.

*Sergio Astorga Bracht

Fuente: infoban.com.ar