El oficialismo celebra otra decisión de la Justicia de Mercedes. En este caso, el archivo de la causa que investigaba presuntas irregularidades del Consejo Permanente para la Seguridad Ciudadana.

La Unión Vecinal podría apelar la medida. “Me parece que hay muchas cosas que la Justicia no tomó en cuenta”, dijo la concejal Vieiro.

“A la luz de las imputaciones que motivaron el trámite de esta investigación analizada, que fue la documentación traída a consideración complementada con el informe expedido por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se advierte una palmaria inconsistencia en los fundamentos de las pretendidas irregularidades atribuidas a quienes cargaban con la responsabilidad de administrar tan importantes fondos. Circunstancia que, demás está decirlo, impide por sí llevar adelante la acción penal.

“Se podrá estar en desacuerdo con el modo en que fueron administrados tales recursos públicos, pero ello sólo no es suficiente para atribuir responsabilidad penal. Evidentemente se requiere algo más, esto es que el acto en cuestión o conjunto de actos se adecuen a una figura típica.

“La protección de bienes jurídicos no se realiza sólo mediante el derecho penal, sino que a ello ha de cooperar el instrumental del ordenamiento jurídico. El derecho penal sólo es incluso la última de entre todas las medidas protectoras que hay que considerar. Es decir que sólo se le puede hacer intervenir cuando fallen otros medios de solución social del problema.

“En base a las consideraciones expuestas, no surgiendo de las constancias referidas precedentemente la comisión de ilícito penal alguno, corresponde archivar las presentes actuaciones”.

Los expuestos son los párrafos salientes de una resolución judicial firmada por la fiscal Miriam Rodríguez el 13 de diciembre pasado, en la causa que había iniciado por presuntas irregularidades del Consejo Permanente para la Seguridad Ciudadana (CPSC) el ex candidato a concejal Carlos Porto. Y a la que más tarde se sumaron los concejales (algunos con mandato cumplido) de la Unión Vecinal y la Unión Cívica Radical.

Esos párrafos fueron leídos por el concejal del Frente Para la Victoria y ex integrante del CPSC, Gustavo Sicca, en la última sesión extraordinaria. Sin embargo, la Justicia no comunicó esa decisión de modo formal al Concejo Deliberante ni a los ediles opositores. El único denunciante que recibió el informe fue Porto, hoy alejado de la exposición mediática y con rumbo desconocido.

Para el oficialismo, el modo en que la fiscal Rodríguez dio a conocer su resolución es una nimiedad. Lo importante es lo que resolvió.

“Estas son las presuntas irregularidades que venimos soportando hace dos años y que hoy tienen una resolución judicial”, expresó Sicca.

“Se habló mucho de cuestiones que tienen que ver con la transparencia en los fondos y me caben las generales de la ley porque integrí el primer Consejo de Seguridad Ciudadana. Hicimos lo que pudimos, lo que creímos conveniente y a pesar de distintas opiniones no recibimos la condena social. Esa condena se manifiesta en tírmino electorales y no sólo no se condenó sino que en octubre sucedió lo contrario”, agregó el edil.

Como se podrá observar, para el oficialismo las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo de Seguridad Ciudadana es un tema cerrado. (El Civismo-InfoBAN)

Fuente: infoban.com.ar