Detras de la impugnación del Fiscal de Estado contra el acuerdo por la costa, lucha enfrenta a los interesados en que la costa no llegue al río. Afiches anónimos y notas pagas condimentan la escenaParece que la estrategia es desinformar, hacer campañas anónimas y manipular la información.
El dictamen del Fiscal de Estado fue determiante: no se puede modificar la línea de ribera, no se puede desafectar del uso público los predios ganados en forma clandestina al río.
Cualquier especulación en contrario es intencionada. El objeto que se persigue con el acuerdo por la costa es hacer un shopping, no una plaza, no un parque, no una reserva ecológica.
El objeto del acto jurídico promovido por la municipalidad de Vicente López, es adecuar el marco que permita otorgar las tierras para la construcción de un emprendimiento comercial, y claro está, la verdad a medias de la campaña encarada desde operadores cercanos a la comuna, es clara: “el shopping no va a cobrar entrada” líase por ello que el acceso va a ser público y gratuito, aunque dificilmente sea libre, ya que seguramente se reservará el derecho de admisión y permanencia.
La simulación oculta detrás del acuerdo haría nulo el acuerdo, toda vez que el objeto principal del acto es prohibido. Se trata de modificar la línea de ribera para desafectar del dominio público tierras costeras de jurisdicción provincial, para luego poder inscribirlas como de dominio privado, y de ese modo enajenarlas.
Este es el escollo que se pretende salvar mediante un acuerdo interjurisdiccional que el Fiscal de Estado objeta e impugna con su dictamen: Convertir una propiedad que está fuera del comercio, en un bien prescindible del uso público y por ello pasible de ser entregado a un grupo de inversores.
El Fiscal de Estado entendió que “la transformación sufrida en la zona por efecto de rellenos (no autorizados) no constituye una causa jurídica lícita que justifique mutar la naturaleza de un bien de dominio público de origen natural, en un bien del dominio privado del estado” Esto se justifica en el cumplimiento del Art. 28 de la Constitución Provincial que impone el deber de “conservar y proteger” los recursos naturales en provecho de las generaciones futuras”, no de los negocios presentes para lo cual surge otro escollo planteado por el Fiscal de Estado en defensa del patrimonio del estado “acreditar la realización de un interís comunitario en provecho de la sociedad en su conjunto.”
La oposición del Fiscal de estado en coninidencia con la de la Autoridad del agua provincial, impiden la prosecusión de los actos y hechos impugnados, que, cabe destacar, no son otros que el acuerdo del 19 de Diciembre y su Pre acuerdo del mes de mayo, y la “paralización de las obras civiles y los rellenos en ejecusión que modifican el perfil costero del Río de la Plata”, aunque Clarin consigne fuentes que no identifica  como cercanas a la municipalidad que indican que el Dictamen del Fiscal de Estado “no compromete el proyecto urbanístico en la costa”. El proyecto iría a concretarse en “una obra realizada sobre un bien de dominio público, adquiriendo tal caracter por accesión al mismo y que ostenta los atributos de Inalienable e imprescriptible” tal como señala el Fiscal de Estado y el Código Civil en sus Art. 2.571 y Art.  4.019
Los afiches anónimos pegados en el distrito de Vicente López, son otra de las herramientas de comunicación utilizadas por los sectores interesados en crear confusión, y salen a la luz inmediatamente despuís del Dictámen del Fiscal de Estado, y previo a que tome estado público en los medios nacionales.
Una vez más el objetivo se manifiesta: Justificar una ilegalidad con una causa razonable es el mejor agumento para ocultar un millonario negocio. Habrá que ver si estos proyectos truncos, pueden ser concretados en el marco legal o habrá que esperar “que a alguien se le caiga una moneda” (citando al Arquitecto Litman, emprendedor del frustrado proyecto Terrazas de La Lucila en la Quinta Anchorena) para que estos adalides del progreso dejen ver su otra cara al río.

Fuente: infoban.com.ar