Parece una novela, pero resulta una tragedia para los que la viven. La corrupción y los negociados son la base de los edificios en altura y el sosten del "progreso". Análisis para pensarLeyendo decenas de mails de vecinos con destino a otros vecinos para que los hagan circular a otros vecinos, se percibe un incremento en la información que reciben los contribuyentes del quehacer local. 
La analogía del Intendente con el portero resulta más ilustrativa. Parece que varios vecinos desinteresados, se anoticiaron que pagan por el litro de lavandina 5 veces más que lo que vale, o que las bolsas de basura cuestan 4 pesos cada una, o que el plomero que arregló el dto. del octavo cobro 1.800.- por cambiar un cuerito...
"Todo fue culpa de ese vecino que quiso poner un toldo rojo en el balcón del "C". Sólo entonces me enterí que había un reglamento de copropiedad que respetar y al cual acudir para evitar el atropello, y en definitiva el antecedente nefasto que llevaría a que cada uno ponga el toldo que quiera, con o sin flecos, con o sin rayas, con o sin toldo, con o sin publicidad, con sombrilla..." Así se presentaba un vecino en la reunión de consorcio, la primera a la que asistía en 12 años de propietario. Es que nunca necesitó nada del administrador, el portero hizo su trabajo, las luces y ascensores bien, las expensas pagables, todo lindo, como siempre. Sin casi contacto con los vecinos por las ocupaciones propias, y por no alimentar el chisme. Todo hasta ese día. "El administrador no atendió por que estaba ocupado, la secretaria de la administración estaba de licencia, el portero dormía la siesta y los hombres del toldo dispuestos a cumplir su cometido."
La concordancia de los reclamos de varios barrios y varios municipios en lo referente a la autorización indiscriminada de edificios en altura en zonas cuya densidad de población e infraestructura de servicios se encuentra al límite, impulsó varias medidas tendientes a poner coto a la voracidad de empresas constructoras, y a la anuencia a legitimar cualquier inversión en pos de "el progreso" o "las fuentes de trabajo".
Es que parece que empresarios y funcionarios políticos tienen clara sintonía en las ventajas de abusar de los indicadores urbanísticos, o directamente violarlos.
Estas violaciones tan particulares afectan sólo al vecino lindero y unos metros más allá, pero en cierto modo no son otra cosa que una violación al reglamento de copropiedad que reciben los vecinos cuando compran en un edificio. Este reglamento municipal, se llama Código de Ordenamiento Urbano, y tiene espíritu de perdurabilidad en la comuna, hasta que alguien quiera y pueda violarlo.
Los intendentes tienen de acuerdo al nivel de independencia de cada municipio (ligado a la capacidad o incapacidad del legislativo de controlar los actos del ejecutivo) diversas metodologías a detallar:
a) La mas frecuente es la excepción tácita, que implica una vista gorda en el transcurso de la obra, y una legitimación posterior, sea con una moratoria, o bien con una sobretasa sobre lo clandestino.
b)Otra de las metodologías implementadas por las administraciones municipales es la de la excepción por expediente administrativo, mediante la que se autorizan por vía excepcional los excesos en los indicadores urbanísticos, con suerte a cambio de alguna contraprestación (hay ejemplos de otorgar más metros a cambio de una bandera, una termocupla u otro objeto insignificante que pretende reparar el daños a la comunidad emergente de la irregularidad).
c) La última es la reforma parcial o específica del Código de Ordenamiento Urbano (en los municipios que poseen uno) Ej. En la calle Xxxx mano norte, entre Calle Yxxxx y Calle Jxxxxxxxx se permiten edificios en altura, en el resto de la calle en toda su extensión no).
Por medio de cualquiera de estas maniobras se altera y atenta contra la seguridad jurídica de las inversiones consolidadas, en beneficio de las nuevas inversiones (visto desde el aspecto objetivo y económico) y se afecta a los vecinos existentes en beneficio de futuros potenciales vecinos.
Este tipo de conductas se repiten por docena en los órdenes del día de los legislativos municipales, lo que convierte al ejecutivo y al legislativo municipal en una suerte de ratificador de violaciones a la norma, por norma; en lugar de un órgano legislativo que emita leyes de alcance general.
Obviamente detrás de este delivery legislativo se esconden millonarios intereses de "emprendedores" que no dudan en hacer valer sus necesidades en presentaciones con argumentos estíticos y tícnicos que parecen cuentos de hadas.
Obviamente del otro lado están los responsables de obras particulares y obras públicas de las comunas, quienes junto a sus concejales tienen la oportunidad de creer cuentos de hadas o analizar las presentaciones.
Igual que en un consorcio (con su consejo de administración), los integrantes del Consejo Deliberante, velarían por los intereses de los vecinos de acuerdo al Código de Ordenamiento Urbano.
Muchas de las presentaciones sometidas a análisis a los departamentos legislativos y ejecutivos cuentan con parámetros urbanísticos y estudios de impacto ambiental -en el mejor de los casos- que nunca aportan nada concreto, por lo cual, en rigor de verdad, ninguno de los edificios que se suele construir, genera impacto ambiental alguno per se. Y así lo creen los responsables de aprobar o rechazar la aprobación de planos.
La realidad es que tanto en la Capital Federal como en zonas de Vicente López, San Fernando, Avellaneda y Quilmes, 100, 200 o 300 edificios en una ciudad, generan un desastre que afecta a miles de vecinos y compromete a miles de otros futuros vecinos, a los que a su turno, les llegará la condena de los que avalan este tipo de violaciones a la ley encubiertas o legitimadas -según el caso-, condenándolos a vivir en condiciones muy disímiles a las existentes al momento de su radicación.
Participación ciudadana
En los últimos meses tras la trascendencia obtenida por los pobladores del litoral entrerriano, ante el flagrante abuso de sus vecinos en cuanto a la supuesta disposición de un recurso compartido en favor de una millonaria inversión (Las pasteras Botnia y ENCE en Fray Bentos), la participación ciudadana ha tomado un rol desconocido, y supletorio de la inacción del estado ante temas que afectan a grupos sociales diversos y heterogíneos.
Así, el otrora piquete salteño para pedir trabajo del "Perro Santillán" reclamando por los derechos humanos básicos y esenciales como trabajo y vivienda; tuvieron su correlato -burgues si se quiere- con el reclamo de derechos humanos de tercera generación como son los de un ambiente sano, condiciones de vida dignas, proyectos sustentables y demás garantías tan constitucionales como las otras, pero a las que -en la inmensa mayoría de los casos- los políticos no reconocen, quizá por ignorancia, quizá por convicción, quizá por corrupción.
Quizá sea por que trae más votos la gestión en favor de los que se pueden manejar con la necesidad, que las necesidades de los que se pueden manejar solos.
La clase política no está -mayoritariamente- a la altura de los reclamos de los contribuyentes, y valga la diferencia entre vecino y contribuyente, en que son los contribuyentes establecidos aquellos que tienen consolidados sus derechos esenciales, por lo cual aspiran ahora a lograr les sean respetados lo otros derechos concedidos por imperio constitucional y acuerdos internacionales con idíntica jerarquía.
Desde sus despachos, no alcanzan -los políticos- a comprender siquiera que es lo que demandan sus contribuyentes en marchas, cadenas de mails, bocinazos, demandas judiciales, presentaciones administrativas o en las clásicas pancartas sostenidas por creativos vecinos y vecinas disfrazados de edificios en altura o con caretas de funcionarios públicos o políticos reconocidos por sus antecedentes o por su prontuario.
¿Tienen casa, tienen asfalto; les pasa el camión de la basura; andan las luminarias de vía pública, tienen agua potable, cloacas, que más quie

Fuente: infoban.com.ar