El intendente de Malvinas, Jesús Cariglino envió un comunicado en el que intenta desvirtuar los argumentos publicados respecto del trámite de causas judiciales en contra de su administración municipalEl extenso comunicado, con un alto contenido de conceptos jurídicos que diluyen la cuestión de fondo, es reproducido a continuación en forma íntegra.
“A raíz de la campaña de difamación orquestada por algunos medios periodísticos interesados en perjudicar la imágen del Intendente Jesús Cariglino, corresponde aclarar que se está brindando a la opinión pública información incompleta y distorsionada de la realidad.
Para conocer acabadamente la situación judicial del intendente es incorrecto tomar como única referencia la resolución del Juez Lucas Oyhanarte que confirma la elevación a juicio en la causa penal nº 6658 de la Fiscalía nº 9 de San Martín, a cargo del Dr. Edgardo Ledesma. Esta causa fuí iniciada en el año 1998 por una denuncia que promovieron contra Cariglino los empresarios Pascual Carlos Rombolá y Carlos Alberto La Torre.
No se debe asegurar que el Intendente será sometido a juicio porque esa medida no está firme al haber sido apelada por los defensores debido a que tambiín se pidió la elevación a juicio de los denunciantes del Intendente Cariglino por falsificar pruebas en connivencia con el Fiscal Ledesma y a íste se lo ha acusado nada menos que de PREVARICATO (este delito es uno de los peores que pueda cometer un Juez o un Fiscal en el ejercicio de sus funciones y está castigado en el art. 269 del Código Penal con multa, reclusión o prisión de hasta quince años e inhabilitaciòn absoluta perpítua).  
 
Por eso, para conocer la verdadera situación judicial del Intendente es necesario conocer tambiín el contenido de la causa penal Nº 200.487 que tramita en la Fiscalía nº 2 de los Tribunales de Quilmes, a cargo del Dr. Luis Armella, ya que precisamente fuí iniciada para investigar y determinar si ha sido correcto o no lo actuado en la causa nº 6658 de San Martín.
La causa nº 200.487 de Quilmes se formó a instancias de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires (organismo rector de todas las fiscalías bonaerenses) luego de la ostentosa detención que sufrió el Intendente Cariglino en noviembre de 2003 a pedido del Fiscal Ledesma y de la que participaron casi todos los fiscales de San Martín y más de 150 policías bonaerenses, habiendo sido cubierta por numerosos medios nacionales convocados por la oficina de prensa de la Fiscalía de San Martín.
La investigación llevada a cabo por el Fiscal Armella de Quilmes dejó al descubierto distintas maniobras delictivas que en el marco de causa nº 6658 de San Martín fueron cometidas no sólo por Rombolá y Latorre, sino tambiín por el Fiscal Ledesma y otros funcionarios judiciales y policiales, determinándose así que hubo allanamientos y secuestros ilegales, que se adulteraron archivos informáticos (incluso en el seno de la Fiscalía), que hubo pericias adulteradas, ocultamiento de pruebas y otras numerosas maniobras irregulares. Todo eso con la única finalidad de incriminar penalmente al Intendente Cariglino.
El resultado de la investigación de Quilmes muestra claramente que la causa contra el Intendente fuí “armada” maliciosamente para perjudiciarlo. Para medir la gravedad de esa maniobra conviene recordar los delitos que el Fiscal Armella le imputó a cada uno de sus autores: A Carlos Pascual Rombolá y Carlos Alberto La Torre: FALSO TESTIMONIO Y FALSO TESTIMONIO AGRAVADO, FALSIFICACION DE INSTRUMENTO PUBLICO, COHECHO, EN CONCURSO REAL ENTRE SI. En cambio para sus cómplices, los policías Gustavo Espósito, Santiago López y Josí Sorice, los cargos fueron los siguientes: FALSIFICACION DE INSTRUMENTO PUBLICO, VIOLACION DE SELLOS, INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, EN CONCURSO IDEAL ENTRE SI.   Asimismo, en la denuncia que el Fiscal Armella elevó a la Procuración de la Provincia contra los funcionarios judiciales de San Martín que actuaron en la misma causa, la imputación contra el Fiscal Edgardo Ledesma (a quien proximamente se le tomaría declaración indagatoria en los tírminos del art. 308 del Código Procesal Penal), es la siguiente: ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, VIOLACION DE SELLOS Y PREVARICATO, TODOS EN CONCURSO REAL ENTRE SI.
La Cámara de Apelaciones de San Martín debe revisar ahora toda la causa nº 6658 y con los nuevos elementos aportados determinará el grado de incidencia que ejercerá sobre la misma la reciente resolución de la causa nº 200.487 de Quilmes.  De cualquier manera, luego de las tremendas acusaciones lanzadas hace pocos días por el Fiscal Armella contra denunciantes y funcionarios judiciales y personal policial todo indica que la causa de San Martín está totalmente viciada de nulidad y que los responsables de la maniobra pergeñada contra el Intendente Cariglino serán juzgados por esas imputaciones. Respecto al Intendente y a los restantes imputados, todos los caminos indican que serán absueltos de culpa y cargo. 
Más allá de los aspectos jurídicos de la controversia, los vecinos de Malvinas Argentinas saben que no existe deuda alguna con los denunciantes Rombolá y La Torre, empresarios inescrupulosos que nunca pudieron acreditar la deuda que invocan, no sólo porque no tienen respaldo contable alguno sino esencialmente porque dicha deuda no existe. La situación irregular de estos crápulas se agrava al reclamar el pago de distintos importes y modificarlos reiteradas veces según cuál haya sido el estado de la causa y el grado de “connivencia” con la Fiscalía, llegando a la osadía de reclamar para ellos una suma superior a todos los pavimentos que entonces se realizaron en Malvinas Argentinas.
Los denunciantes fueron subcontratistas en la   operatoria provincial UGE de pavimentos pero a poco de empezar abandonaron las obras que debían realizar, las que debieron ser ejecutadas por otra empresa. Debe quedar en claro que en Malvinas Argentinas fueron concluídas eficientemente todas las obras, no habiendo quedado deuda ni controversia de ningún tipo con vecinos o con cualquiera de las numerosas empresas que en ese entonces contrató la cooperativa de trabajo creada por exigencia del Gobierno Provincial.
Tambiín saben los vecinos que en materia de contrataciones o licitaciones la Municipalidad de Malvinas Argentinas se ha destacado siempre por su transparencia y legalidad, siendo la mejor prueba de ello las reiteradas aprobaciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.”

Fuente: infoban.com.ar