El ex intendente de Pilar Nicol\u00e1s Ducot\u00e9 deber\u00e1 declarar en indagatoria por sospechas de corrupci\u00f3n ante el juez federal de Campana Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Charvay. El magistrado cit\u00f3 a otras veinte personas, entre ellas ex funcionarios de ese municipio y del Ministerio del Interior, Obras P\u00fablicas y Vivienda que encabez\u00f3 Rogelio Frigerio, inform\u00f3 el portal Infobae.<\/p>\n
Entre los citados a indagatoria se encuentran Iv\u00e1n Kerr, ex secretario de Vivienda y Mariana Klemensiewicz, ex secretaria de Infraestructura Urbana del ministerio nacional. Tambi\u00e9n tendr\u00e1n que declarar en indagatoria los ex funcionarios del municipio y los empresarios que participaron de los tres contratos que se investigan en la causa que tiene a su cargo Gonz\u00e1lez Charvay junto al fiscal federal de Campana Sebasti\u00e1n Bringas.<\/p>\n
El fiscal solicit\u00f3 la colaboraci\u00f3n de la Procuradur\u00eda de Investigaciones Administrativas (PIA) para analizar los contratos cuestionados. La PIA que encabeza el fiscal Sergio Rodr\u00edguez - y se especializa en casos de corrupci\u00f3n- emiti\u00f3 dict\u00e1menes con las irregularidades detectadas en los tres casos analizados. Luego de eso, y despu\u00e9s de una larga disputa de competencia entre la justicia federal y la provincial que deber\u00e1 resolver la Corte Suprema de Justicia, Gonz\u00e1lez Charvay formul\u00f3 el llamado a indagatoria.<\/p>\n
El ex jefe comunal de Juntos Por El Cambio estaba citado para este martes 15 pero pidi\u00f3 prorrogar su presentaci\u00f3n para los pr\u00f3ximos d\u00edas, seg\u00fan indicaron fuentes de su entorno.<\/p>\n
La nota que lleva la firma de Omar Lavieri indic\u00f3 que en \"el mismo expediente judicial se investigan irregularidades en tres convenios diferentes firmados en 2016 por el ministerio que estaba a cargo de Frigerio y la municipalidad que conduc\u00eda Ducot\u00e9. Pilar recib\u00eda dinero para obras y el ministerio nacional deb\u00eda supervisar la ejecuci\u00f3n de los proyectos\".<\/p>\n
A una de las partes del expediente se la conoce como \u201cMicrocr\u00e9ditos\u201d. El gobierno nacional enviaba dinero al municipio de Pilar para asistir con fondos a vecinos de bajos recursos y en situaci\u00f3n de vulnerabilidad social para que hicieran mejoras en casas precarias y adem\u00e1s pudieran acceder a servicios b\u00e1sicos de infraestructura como agua potable, cloacas, gas y electricidad. El programa abarcaba 20.000 microcr\u00e9ditos. Cada microcr\u00e9dito era equivalente a tres salarios m\u00ednimos y deb\u00eda devolverse en 60 cuotas mensuales. El presupuesto destinado por la Naci\u00f3n fue de 300 millones de pesos de los cuales hasta mayo de 2019 se hab\u00edan enviado 285. La PIA cuestion\u00f3 \u2013entre otras cosas- el modo en que se hizo las entregas de fondos por parte del Estado nacional porque fueron realizadas sin las correspondientes comprobaciones de avance de obra y sus respectivas rendiciones de cuentas tal como establec\u00eda el convenio. Tambi\u00e9n cuestion\u00f3 que e municipio hubiera puesto intermediarios \u2013una empresa de gas, una organizaci\u00f3n local y un fideicomiso provincial- para ejecutar el convenio, de manera que se derivara dinero destinado a los vecinos. La fiscal\u00eda que encabeza Rodr\u00edguez se\u00f1al\u00f3 que \u201clejos de efectuar una correcta distribuci\u00f3n de los recursos que les fueron girados desde las arcas nacionales, los funcionarios municipales discrecionalmente, fueron generando gastos y costos que conllevaron la distracci\u00f3n de fuertes sumas de dinero destinada a los ciudadanos del Municipio de Pilar, en manos de empresas ya sea de Gas o conformadas por el Municipio, o bien programas provinciales que de ninguna manera ameritaban a la percepci\u00f3n de partes de los recursos acordados para las mejoras de las viviendas\u201d.<\/p>\n
Al segundo convenio se lo conoce como \u201cMonterrey\u201d. El proyecto ten\u00eda como objeto urbanizar y mejorar el barrio pilarense de Derqui, llamado Monterrey. Se propuso renovar un corredor central del barrio, proveer agua corriente y cloacas, construir plazas y adecuar veredas, entre otras cosas. La obra afectaba a 141 lotes y ser\u00eda financiada con fondos nacionales: se destinar\u00edan $145.733.567. La PIA cuestion\u00f3 el modo en que se realiz\u00f3 la licitaci\u00f3n que le otorg\u00f3 el contrato a la Uni\u00f3n Transitoria de Empresas (UTE) formada por las firmas Vialme S.A., Servicios y Gesti\u00f3n S.A. y Alpin S.A. Seg\u00fan se desprende del dictamen de Rodr\u00edguez algunas de las obras comprometidas no se terminaron en tiempo y forma. Tambi\u00e9n se puso de manifiesto que hubo incumplimientos en la metodolog\u00eda de rendici\u00f3n de cuentas prevista. En octubre de 2019, meses antes del cambio de gobierno y tres a\u00f1os despu\u00e9s de iniciado el convenio, desde la secretar\u00eda de Infraestructura Urbana del ministerio nacional se intim\u00f3 a Pilar a que rindiera cuentas pendientes.<\/p>\n
Al tercer convenio se lo denomina \u201cPeruzzotti\u201d. Se propuso originalmente mejorar la infraestructura a partir de la construcci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de la red cloacal y del emplazamiento de una planta depuradora y una estaci\u00f3n de bombeo en el barrio Peruzzotti de la localidad bonaerense de Pilar. La obra fue adjudicada a la firma Tordel S.A. Pero algo fall\u00f3: \u201cNada de lo relativo a la planta depuradora que fuera licitada y adjudicada por el Municipio de Pilar de la Provincia de Buenos Aires, fue construido pero s\u00ed certificado y cobrado por la empresa adjudicataria, quien se alz\u00f3 con la suma de $14.135.30,93\u2026\u201d . Respecto de ese convenio-que sufir\u00f3 modificaciones- el fiscal Rodr\u00edguez asegur\u00f3: \u201cComo conclusi\u00f3n, no solo debe considerarse que el Estado Nacional pag\u00f3 por obras que no se hicieron, sino que a su vez incluyeron sobreprecios que permitieron que a m\u00e1s de un a\u00f1o de recibida se tenga una planta depuradora modular con sus bombas y dem\u00e1s componentes sin ning\u00fan tipo de aplicaci\u00f3n depositadas en playas del Municipio\u201d.<\/p>\n
En los tres convenios se hallaron irregularidades similares: obras pagadas y sin finalizar, incumplimiento de plazos, falencias en la rendici\u00f3n de cuentas, problemas de las empresas adjudicatarias de los contratos y falta de control por parte del ministerio nacional. Es por eso que basado en el an\u00e1lisis que hizo la PIA el juez Gonz\u00e1lez Charvay llam\u00f3 a indagatoria.
\nSergio Rodr\u00edguez encabeza la fiscal\u00eda anticorrupci\u00f3n
\nSergio Rodr\u00edguez encabeza la fiscal\u00eda anticorrupci\u00f3n<\/p>\n
Las conclusiones de las fiscal\u00eda especializada en casos de corrupci\u00f3n fueron contundentes: \u201cA trav\u00e9s de estos tres convenios espec\u00edficos, celebrados entre el 28\/4\/2016 y el 29\/7\/2016 de 2016, se ha acordado entregarle al Municipio de Pilar recursos nacionales por la suma total de $460.829.737. Como qued\u00f3 acreditado del estudio de los distintos convenios tales transferencias dinerarias fueron aprovechadas a los fines de generar beneficios indebidos con el consecuente desfalco a las arcas del Estado Nacional, quien en estos casos fue quien hac\u00eda el aporte para solventar los beneficios sociales con los cuales se justific\u00f3 la obtenci\u00f3n de las partidas presupuestarias. Todo ello, con la clara participaci\u00f3n de los funcionarios que en distintos estadios de la maniobra efectuaron sus aportes, desde las cuantiosas aplicaciones de recursos hasta la concreci\u00f3n de los acuerdos necesarios para justificar con obras inexistentes o comisiones indebidas las aplicaci\u00f3n de sumas de dinero por las cuales el Estado ni la sociedad se vio beneficiada, sino los empresarios o intermediarios, con posibles retornos a los funcionarios involucrados. Es por ello, que a lo largo del estudio de las actuaciones administrativas se han verificado innumerable cantidad de irregularidades, que no tiene su raz\u00f3n en la torpeza, error o ignorancia de lo debido, sino en la clara voluntad de poder llevar a delante la maniobra que permitir\u00eda alzarse con elevadas sumas de dinero\u201d.<\/p>\n
Despu\u00e9s de analizar los convenios entre la Naci\u00f3n y Pilar Rodr\u00edguez estableci\u00f3 que \u201c\u2026lo cierto es que los tres acuerdos conservan el mismo patr\u00f3n, no solo de personas involucradas, sino en la desviaci\u00f3n de recursos a favor de terceros y en perjuicio de la administraci\u00f3n nacional que es la que efectu\u00f3 los aportes. La identificaci\u00f3n de un accionar tendiente a apropiarse indebidamente de los recursos del Estado en forma sistem\u00e1tica, llevada a cabo en tres acuerdos id\u00e9nticos y pr\u00e1cticamente en forma coet\u00e1nea, permite sostener la idea de un plan puesto en marcha a los fines que se viene sosteniendo, es decir generar beneficios indebidamente a terceros en perjuicio de los fondos administrados\u201d.<\/p>\n
Adem\u00e1s de Ducot\u00e9, Kerr y Klemensiewicz fueron citados a declarar en indagatoria Cecilia Cabrera, Fabi\u00e1n Arias, Mar\u00eda Natalia Toso, Federico Bustello, Ignacio Azarola, Osvaldo Caccaviello, Guillermo Iglesias, Tom\u00e1s Bibiloni, Agust\u00edn Baldo, Gustavo Queralt, Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Sandra Sosa, Gabriel Adri\u00e1n Lucero, Fernando Bonafede, Marcelo Sfeir, Sergio Miguel Russo y Norberto Giulianelli. Si bien los imputados ser\u00e1n indagados por distintos hechos, la calificaci\u00f3n de los delitos cometidos puede encuadrarse -provisoriamente- en administraci\u00f3n fraudulenta y malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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