En el marco de la visita que realiza a la provincia de Tucumán la referente nacional de Igualar, Carmela Moreau, se manifestó sobre el encuentro que mantuvo el presidente de la Nación con la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala. En ese sentido, Moreau expresó: “El Estado es responsable de la delicada situación que hoy atraviesa Milagro y su familia. Es la consecuencia de la decisión política del gobernador Gerardo Morales de erigirse como el carcelero de la dirigente social que transformó la realidad de miles de compatriotas. Por ello, debemos celebrar el accionar del presidente al hacerse presente en Jujuy para acompañar a Milagro, exhibiendo que allí radica una profunda injusticia”.

En tal sentido, Moreau continuó: “La persecución, la violencia institucional y el hostigamiento a las disidencias, de los cuáles Milagro y su organización son víctimas destacadas, revela el permanente desapego al respeto por las libertades públicas y las garantías constitucionales que sufre conjunto del pueblo jujeño. Podemos afirmar sin tapujos que en Jujuy no hay estado de derecho. Ejemplo de ello es el abuso del instituto de la prisión preventiva, por el que Milagro sigue detenida desde enero de 2016, cuando apenas asumió Cambiemos. La por demás prolongada falta de condena firme por los delitos que la acusan en las causas fabricadas por el andamiaje policial-judicial al servicio de Morales, dejan en evidencia a una justicia cooptada que está lejos de garantizarle imparcialidad a los ciudadanos. Vale recordar como Morales reformó el Supremo Tribunal provincial ampliando el número de miembros y haciendo que los mismos legisladores de su espacio que votaron esa reforma fueran luego designados como jueces de dicho órgano”.

Por último, en referencia al rol que debiera asumir el gobierno nacional frente a la situación institucional de la provincia, Moreau concluyó: “El buen gesto del Presidente para con una perseguida como Milagro Sala debe acompañarse de la inmediata intervención federal al poder judicial jujeño. Es el remedio constitucional idóneo para sanear el grave estado de situación institucional que atraviesa la provincia. Resulta inadmisible que a casi 40 años de haber recuperado la democracia convivamos en nuestro territorio con realidades donde sistemáticamente se vulneran los derechos humanos y el poder judicial es cómplice.”