Se trata de la Clínica San Andrés que atendía a 18 mil afiliados de PAMI. Los trabajadores permanecen hace semanas en las instalaciones y realizarán una movilización.
Más de 140 empleados que trabajaban en la Clínica San Andrés de Caseros, reclaman la intervención de los distintos niveles del Estado para revertir el cierre de las instalaciones en las que se atendía una cápita de unos 18 mil afiliados del PAMI.
Los trabajadores se organizaron a inicios de febrero ante el abandono por parte de los propietarios del centro de salud, a fin de evitar el vaciamiento de las instalaciones, que cuenta con 12 respiradores, 90 camas, tomógrafo, y aparatología de última generación.
“El cierre de la Clínica San Andrés de Caseros en plena pandemia es un crimen social” sostienen los trabajadores, que no encuentran eco por parte de las autoridades para avanzar en una salida que permita la continuidad de la clínica.
Para este martes desde las 8, los trabajadores tienen planeado visibilizar su reclamo con una marcha “en defensa de la salud y los puestos de trabajo”, en General Paz y San Martín.
“No conseguimos que el gobernador (Axel Kicillof) nos atienda, ni la directora del PAMI (Luana Volnovich). El intendente de Tres de Febrero lo único que nos entrega son bolsones de comida. Lo que queremos es recuperar nuestra fuente de trabajo, y por eso permanecemos en las instalaciones para cuidar toda la aparatología que es el único respaldo que hoy tenemos. Lo más lamentable es la cantidad de material descartable y drogas que se van a vencer y que son tan necesarios en medio de la pandemia”, afirmó Alicia, una de las trabajadoras.
Desde el municipio de Tres de Febrero informaron a InfoBAN que recibieron el reclamo de los trabajadores, pero que la resolución del conflicto no está dentro de las posibilidades de la administración municipal.
Los trabajadores reclaman que la clínica sea estatizada y se ponga en marcha “por todos los abuelos que ahora deambulan por lugares distantes de otros distritos buscando que los atiendan”, y para conservar los puestos de trabajo dando utilidad a las instalaciones y el equipamiento en medio de la pandemia.
“Es una situación intolerable que sin embargo no ha producido la intervención del gobierno en ningún nivel”, lamentaron los trabajadores.
