Los responsables del fallido emprendimiento inmobiliario del delta fueron procesados “sin prisión preventiva” por el delito de “daño agravado por haber sido ejecutado en perjuicio de bienes de uso público” que preví penas de hasta 4 años de prisión y la traba de un embargo sobre sus bienes.

Los principales directivos de la empresa desarrolladora del proyecto denominado Colony Park fueron procesados por la Justicia sanisidrense y sus bienes embargados por la friolera de 200 millones de pesos.

Ubicado frente al continente en el bajo delta del Paraná, sobre los ríos Luján, Canal Vinculación y el Arroyo Pacú (Primera Sección de Islas de Tigre), una zona declarada “Reserva Natural Integral”, el emprendimiento inmobiliario se presentó en 2007 como “el primer desarrollo de vivienda permanente en una verdadera isla privada del Delta”, para “desurbanizar” la vida de sus habitantes, merced a su ambicioso predio de 300 hectáreas dotado de una batería de servicios exclusivos, que incluían hasta trasbordadores propios para cruzar el Luján desde el continente.

Las obras se iniciaron con sólo una prefactibilidad de suelo otorgada durante la gestión de Hiram Gualdoni al frente del ejecutivo de Tigre lo que generó un revuelo entre los lugareños y entidades defensoras del Delta y el medio ambiente.

El proyecto fue paralizado al momento en que se hizo público en 2008 y se iniciaron una serie de consultas y denuncias con los organismos provinciales y nacionales de ambiente así como presentaciones judiciales por los daños causados por el movimiento de tierra presuntamente ilegal realizado.

En la causa 8951/11 y con fecha del 15 de noviembre pasado, la jueza Sandra Arroyo Salgado del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, dispuso decretar “el procesamiento sin prisión preventiva de Adrián Gabriel Schwartz, Sergio Andrís Schwartz, Eduardo Híctor Carrasco, Adolfo Volodi Berestovoy, Sergio Manuel Raposeiras y Francisco Josí Billoch”, por encontrarlos “prima facie autores mediatos penalmente responsables del delito de daño agravado por haber sido ejecutado en perjuicio de bienes de uso público (arts. 45, 54, 184 inc. 5º del cp; y art. 310 del cppn)” así como “trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos doscientos millones ($200.000.000) (art. 518 y cctes. del cppn)”.

A su vez, según informó el sitio El Tigre Verde, el nuevo fiscal de la causa Fabián Celiz -debido al retiro de la actividad profesional de Rita Molina- recibió el pasado viernes 23 en audiencia a la querella del caso durante la cual, dieron testimonio en defensa de la integridad ambiental del delta bonaerense, víctimas, ambientalistas y profesionales.

Fuente: infoban.com.ar