La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, aprobó las modificaciones a la reforma penal introducidas antes por el Senado y sancionó definitivamente el proyecto en ley.
Según explicó el ministro de Justicia, Ricardo Casal, presente junto al jefe de gabinete, Alberto Pírez, durante la última sesión extraordinaria, la principal corrección introducida por la el senado y aceptada por la Cámara Baja establece que no pueden ser apelados ante la Suprema Corte de Justicia los delitos con penas de prisión de hasta 10 años.
A partir de ahora, el Tribunal de Casación sólo revisará sentencias de delitos cuyas penas superen los 10 años, mientras que los que no lleguen a ese monto de la pena serán revisadas por las Cámaras de Garantías del departamento judicial donde fueron juzgados.
Si bien el proyecto original preveía que Casación iba a tener atribuciones sobre las causas con penas mayores a 6 años, los senadores decidieron extenderlo a 10 años, con lo cual acotaron áun más las facultades del máximo Tribunal Penal de la provincia.
Según explicó el senador del Frente para la Victoria Roberto Ravalle, esta modificación “posibilitará evitar el cuello de botella que se generan en Casación, que cuenta hoy con alrededor de 7000 causas”.
Marcelo Feliú, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Raúl Pírez, presidente del bloque Frente para la Victoria-Partido Justicialista, reivindicaron cada tramo de la reforma penal y las correcciones impuestas, tambiín ayer por la Cámara Alta.
Así mismo ,el Cuerpo se encargó de modificar y devolvió al Senado para que lo convitiera en ley el proyecto de ley provincial de adhesión al Rígimen Nacional de Iniciativa Privada y al de Asociación Pública privada.
Despuís de la visita que realizaron a la Legislatura las ministras de Producción e Infraestructura, Díbora Giorgi y Cristina Alvarez Rodríguez, y de una ronda de negociaciones que tambiín abarcó el Senado, los diputados del oficialismo, acompañados por otros bloques de la oposición, votaron hoy un despacho por el cual le quitaron el carácter vinculante a las decisiones de la comisión bicameral legislativa, como había aprobado la otra cámara la semana anterior.
Como resultado del consenso alcanzado, que arrancó en la presidencia de Gonzàlez, siguió con los miembros del Frente para la Victoria y concluyó con un encuentro con los jefes de todas las bancadas, las ministras y los diputados acordaron eliminar aquella cláusula y mantener en pie el trabajo de seguimiento e intervención de la Comisión bicameral parlamentaria, integrada por cuatro senadores y otros tantos diputados.
Por la iniciativa, que deberá volver a tratar Senado, la Provincia recibirá el aporte de inversores para encarar obras de infraestructura, entre los cuales se encuentran el desarrollo integral de terminales portuarias de cargas y pasajeros y de obras para mejorar la producción rural.
La adhesión provincial a los decretos nacionales 966 y 967 del 2005, es otro de los instrumentos que el gobernador Daniel Scioli puso a consideración del Poder Legislativo en el presente periodo extraordinario de sesiones que finalizó hoy.
El sistema de iniciativa privada permite que un particular presente al Estado un proyecto de una obra de infraestructura y consiga ventajas respecto de otros interesados en financiarla.
No obstante, ese Estado preserva y ejecuta su papel de diseñador del planeamiento estratígico de la oferta de infraestructura pública económica y social, con vistas a atender la creación de empleo, competitividad del aparato productivo, equilibrio regional y el interís público en general, como rezan los fundamentos del proyecto votado por Diputados.
Según aquellos decretos nacionales, la recepción y evaluación de los planes, tanto de iniciativa privada como de asociación pública, están a cargo de dos comisiones de evaluación dependientes de los ministerios de Economía y Planificación.
Respecto del papel de la bicameral, podrá emitir dictamen, previo a la calificación de interís público por parte del Ejecutivo, de todo proyecto e iniciativa de asociación a las que se refieren los regímenes.
Ese Poder Ejecutivo queda facultado a determinar la autoridad de aplicación y a dictar las normas reglamentarias y/o complementarias que resulten necesarias.
En suma, se establece que las proposiciones privadas que lleguen serán tratadas en una primera instancia por una comisión interministerial integrada por la Jefatura de Gabinete y los ministros de Infraestrutura y Producción. Luego, actuará la bicameral legislativa que tendrá 60 días para efectuar el seguimiento y opinar si el proyecto es de interís público.

HOTEL PROVINCIAL

Asimismo, la Cámara consagró en ley el proyecto por el cual se faculta al Ejecutivo a concesionar mediante licitaciòn pública el hotel Provincial de Mar del Plata.
En esta iniciativa, tambiín se creó una comisión. Es la de seguimiento del plan de manejo de ese complejo y elaborará periódicamente un informe, que será elevado al gobierno bonaerense y a la Comisión de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. La conformación de tal organismo la establecerá el Ejecutivo.
La cámara de diputados tambiín votó y remitió al Senado el proyecto presentado por el diputado Carlos Quintana, para que sean obligatorios los aportes al Instituto de Obra Mídico Asistencial(IOMA), del gobernador y vice, de los legisladores, de los jueces y del personal jerárquico transitorio de los municipios, salvo en aquellos en los exista aporte a una obra social propia.
La diputada Marta Mídice (FPV-PJ), tributó un homenaje en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y, con la presencia del interesado y de sus familiares, se declaró ciudadano ilustre al teniente coronel Guillermo Eduardo Cogorno, que se rebeló contra sus jefes en 1972 solidario con las víctimas de la llamada masacre de Trelew.
El citado, militar de antigua pertencía peronista, es hijo de otro alto oficial del Ejírcito, miembro de los 33 orientales, un grupo fiel al general Juan Domingo Peròn, el que tras alzarse en armas en 1956, fue pasado por las armas por orden de los jefes de la Revolución Libertadora.
Asimismo, autorizó a la Corte bonaerense a disponer el traslado de juzgados de garanrías existentes a las mismas sedes donde funcionan las fiscalías y defensores descentralizadas por imperio de la ley 13.274.

Fuente: infoban.com.ar