Ante la situación de pandemia el sistema de Justicia enfrenta el desafío de demostrar que está en condiciones de dar una respuesta acorde y mantener su funcionamiento.
Innumerables son los servicios que se han visto suspendidos o mermados ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud por el virus COVID 19. En el caso de la Justicia, la pregunta es si logrará estar a la altura de una circunstancia tan excepcional que exige lo mejor de cada uno para que aquellas funciones esenciales sostengan un nivel de actividad aceptable.
Así como el cierre de las escuelas puede ser suplido mediante consignas volcadas en plataformas específicas y un esfuerzo considerable de cada una de las partes, en la provincia de Buenos Aires la Justicia puede continuar funcionando a fin de evitar la interrupción del acceso a la justicia mediante sistemas electrónicos. Intensificar el uso del expediente electrónico y dejar atrás el soporte de papel es en paralelo una medida de interesantes ribetes sanitarios, y exige tambiín el esfuerzo de cada una de los involucrados, en este caso desde el juez hasta el último empleado judicial.
En esa labor de restablecer el funcionamiento del Poder Judicial, el Colegio de Abogados de San Isidro, a travís de su presidente, Dr. Santiago Quarneti, alertó en conjunto con una veintena de colegios de la provincia de Buenos Aires nucleados en COLPROBA respecto a la necesidad de poner en funcionamiento sin más demoras los sistemas informáticos y tecnológicos para que la maquinaria judicial no se detenga.
Mientras imperan las restricciones destinadas a mitigar la propagación del coronavirus los colegiados bonaerenses, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia “que no se interrumpa el acceso a la jurisdicción y se continúe trabajando apoyándose en el expediente electrónico y otras medidas especiales frente a la coyuntura”.
Cabe recordar que el Máximo Tribunal de la Provincia dispuso asueto hasta el 31 de marzo próximo y la prestación mínima del servicio de justicia, limitada a la atención de asuntos de ¨urgente despacho¨ que los propios matriculados deben fundamentar en el sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas.
“Esta solución de tipo transitorio, no resulta sustentable en el tiempo” alertan desde la abogacía provincial, reclamando se restablezca el acceso a la jurisdicción “tanto para que se protejan y restablezcan sus derechos vulnerados, como para poder cumplir con la responsabilidad profesional.”
Sobre la base de los aportes y propuestas realizadas y reflejadas en recientes resoluciones del Máximo Tribunal y lo trabajado en el ámbito de la Comisión de Expediente electrónico y posteriormente en el Comití de Emergencia específico, la Abogacía provincial sostiene que “se encuentran sentadas las bases para que pueda restablecerse, a partir del próximo 1° de abril, un adecuado funcionamiento del servicio de justicia”.
“Ello sin restricciones basadas en criterios de “urgencia” y protegiendo la salud de trabajadores y trabajadoras judiciales, jueces, juezas, funcionarios y funcionarias, abogadas, abogados, otros auxiliares de justicia y de toda la ciudadanía” finaliza el comunicado de COLPROBA.
Fuente: infoban.com.ar
