El gobierno evalúa aplicar una contribución del 21% a las jubilaciones de privilegio de jueces y embajadores, más un aporte extraordinario de 7 puntos a quienes cobren un haber jubilatorio superior a los 100 mil pesos.

Esta tarde, el presidente Alberto Fernández convocará a la comisión encargada de definir un nuevo rígimen de movilidad previsional y firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para congelar las jubilaciones de privilegio a jueces y embajadores.

Dentro de los próximos 180 días, su administración prometió definir cómo será la nueva movilidad para los haberes jubilatorios, además de un esquema de contribuciones para los denominados “Regímenes especiales”, más conocidos como “jubilaciones de privilegio”.

Recientemente, Fernández consideró que “el sistema de jubilación de la Argentina es muy confuso. Hay regímenes especiales que en algunos casos son verdaderamente de privilegio”.

“No es ir en contra de nadie, es poner un poco equilibrio y orden. Donde más se manifiesta ese desequilibrio de las jubilaciones es en el caso de los jueces y de los diplomáticos, que además tienen sueldos en dólares y demás, entonces las jubilaciones son muy importantes”, explicó el jefe de Estado, en declaraciones periodísticas.

Durante el último fin de semana, el Presidente prorrogó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 29 de febrero, e incluyó el proyecto de ley para modificar la Ley 18.464 de jubilaciones y retiros para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.

Tambiín, se suma otro proyecto para introducir cambios a la Ley 22.731, que establece el rígimen jubilatorio para el personal del servicio exterior de la Nación.

En este marco, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, ya aprobada por el Congreso, establece en su artículo 56 que “el Poder Ejecutivo Nacional convocará a una comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación competentes en la materia para que en el plazo de 180 días”.

Tambiín dispone que la cartera “revise la sustentabilidad económica, financiera y actuarial, y proponga al Congreso las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales”.

Las asignaciones vitalicias o jubilaciones de privilegio promedian los $ 350 mil en el caso de ex presidentes y $ 225 mil en el de integrantes del Poder Judicial, según datos oficiales.

Estos haberes benefician a unos pocos miles de personas que le cuestan a todos los argentinos más de $ 15.000 millones anuales, mientras se hacen malabares para reducir el díficit fiscal.

La jubilación de un ex presidente en la Argentina es 25 veces superior -casi 2.400% más- que el haber mínimo, de $14.067.

Uno de los casos más excepcionales, que fue motivo de ironías entre algunos legisladores durante el debate de la ley de emergencia, es el del ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, quien gobernó 8 días y cobra $ 347.000 mensuales de pensión vitalicia desde hace 18 años.

En tanto, un ex juez de la Corte Suprema percibe en la actualidad una jubilación que supera los $340.000.

Mientras que los haberes de quienes trabajaron y aportaron desde el Poder Judicial alcanzan un promedio de $224.734 mensuales.

El personal que se desempeña en el servicio exterior tiene garantizada una jubilación equivalente al 85% del salario de acuerdo al puesto de mayor rango que ocuparon durante su vida activa.

Fuente: infoban.com.ar