El 5 de mayo de este año el Ministro de Trabajo Claudio Moroni dictó la intervención del Sindicato de Obreros del Caucho y Afines (Socaya) y puso al mando de la organización a Lucas Amado. El objetivo del normalizador, según la resolución que lo nombró, era convocar a elecciones en 30 días, saldar una disputa interna y devolverlo a manos de sus afiliados en 90 días corridos. Sin embargo, los trabajadores señalan que desde entonces no tienen ningún tipo de comunicación, no saben si habrá comicios ni cuándo y, para peor, se congelaron las negociaciones paritarias de la actividad.
El histórico sindicalista Juan Ponce, líder por más de 3 décadas de la organización -y aliado histórico del camionero Hugo Moyano- no se resignó a perder los comicios en manos de la lista Verde de Claudio Streitenberger y judicializó la contienda.
Casi 3 años después de la derrota de Ponce en las urnas y con éste último ya fallecido, se conoció un inédito fallo que anuló los comicios. En eso se basó Moroni para nombrar a Amado y tomar el control del Socaya.
Los manejos de Amado, hombre de paso fallido por un triunvirato de interventores del SOEME que nunca llegó a asumir, generaron cuestionamientos. Es que cortó la cadena de pagos y los proveedores ya empiezan a llevarlo a la justicia penal para cobrar. Además dejó de abonar los alquileres de las seccionales, despidió personal y cortó el cuidado a las propiedades del gremio.
En las últimas horas trascendió una información que terminó de caldear los ánimos. Es que Amado está imputado en una megacausa por corrupción en su paso por la función pública salteña. Se trata de la renombrada causa La Ciénaga, en la que familiares y ex funcionarios vinculados al senador Juan Carlos Romero están sospechados de Peculado. Entre ellos Amado, ex Secretario de Empleo de la provincia.
Preocupación por posible vaciamiento
"Estamos preocupados porque cuando asumimos el gremio estaba vaciado. Trabajamos mucho para levantarlo", dijo Oscar Fernández, quien fuera secretario adjunto del sindicato hasta la intervención.
"Cuando llegamos, el Socaya y la obra social debían 200 millones de pesos. Cuando nos intervinieron teníamos un superávit de 10 millones en las cuentas. En toda esta movida de la intervencion está claro que está todo el aparato judicial y el poder de camioneros pero eso no nos asusta", agregó.
Mientras tanto los trabajadores de la actividad están con sus ingresos congelados. "Nosotros habíamos iniciado las charlas paritarias en abril, pero nos intervinieron y no sabemos qué pasará con nuestros salarios", especificó Fernández.
El gremialista remarcó que "la comisión directiva se puso a disposición de la justicia, entregó toda la documentación y lo único que solicitó fue que asuma la representación en paritarias para que, en este el proceso, no salga perjudicado el afiliado".
"Lo que ocurre es muy grave porque el sector empresario aprovecha la circunstancia para bajar los salarios en medio de la emergencia sanitaria que estamos atravesando", sostuvo el dirigente.
El Socaya representa empleados de plantas industriales, de armado de rodados y de gomerías. Las paritarias en las tres ramas vencieron el 30 de abril y la intervención, en medio de las charlas de actualización, dejó sin voz a los trabajadores.
