Los reclusos de establecimientos carcelarios bonaerenses podrán solicitar una audiencia oral y pública para debatir si deben continuar o no con prisión preventiva o acceder a medidas alternativas.La nueva posibilidad entró en vigencia por la ley 13.480 que establece esta audiencia preliminar que puede ser pedida por el imputado o por el juez de Garantías.
La nueva norma establece que la audiencia podrá convocarse con el fin de “resolver el dictado de la prisión preventiva, su morigeración, la imposición de alternativas a ísta, la internación provisional del imputado o la caducidad o cese de cualquiera de ellas”.
La ley rige a partir de hoy, con su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.
El nuevo ordenamiento dispone que “la audiencia será oral y pública y en la misma serán oídos el fiscal, el particular damnificado si lo hubiere, la defensa y el imputado si se hallare presente, en ese orden, durante un tiempo máximo de 15 minutos”, precisa la norma.
Las exposiciones deberán dirigirse a fundamentar la improcedencia o la procedencia de la medida a dictarse.
La medida forma parte de las modificaciones al Código de Procedimiento Penal provincial, sancionadas meses atrás por la Legislatura bonaerense.
Los cambios morigeraron las excarcelaciones y devolvieron a los jueces de garantías la potestad de definir si aplican o no la prisión preventiva a los detenidos en base a la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la justicia y si otorgan medidas alternativas a la detención.
Los presos tambiín podrán solicitar cada ocho meses la realización de estas audiencias.
Según datos de la cartera de justicia bonaerense, la población carcelaria sufrió un incremento desde hace seis años, que no tuvo relación de proporcionalidad alguna con el aumento demográfico ni con el índice delictivo.
La provincia tiene una tasa de encarcelamiento de 217 cada 100.000 habitantes, en tanto el resto de Argentina alcanza a 133 cada 100.000.
Del total de la población privada de su libertad, apenas el 16 por ciento tiene condena firme, otro 14 cuenta con sentencia de primera instancia y el 70 por ciento no tiene resolución judicial alguna.

Fuente: infoban.com.ar