Finalmente la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos que modificaron el procedimiento especial de flagrancia y redujo competencias del Tribunal de Casación Penal.
La modificación se realizó a instancia de dos proyectos elevados por el ejecutivo provincial, que fueron consideradoscomo instrumentos procesales “imprescindibles para descomprimir el cuello de botella que significan unas 7. 000 causas penales frenadas”.
La nueva Ley que modifica las competencias del Tribunal de Casación Penal, tambiín reforma las competencias de las Cámaras de Apelaciones y Garantías de ese fuero, a la vez que introduce variantes en las vías recursivas.
Desde los considerandos se explica que el “colapso” por el que atraviesa el Tribunal de Casación Penal, coloca en riesgo la garantía de los imputados de un debido proceso.
Como fruto del acuerdo con el ministro de Justicia, Ricardo Casal, se facultó a la Suprema Corte de Justicia a recurrir al “certiorari”, un mecanismo mediante el cual podrá rechazar recursos extraordinarios en un trámite rápido y evitar así la acumulación de causas.
La Corte tambiín podrá abocarse –“certiorari positivo”- a analizar un recurso, aunque ya se haya pronunciado en un caso análogo, por considerar que la causa tiene la gravedad constitucional suficiente para analizarlo, expresó Marcelo Feliú, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y se encargó de analizar cada tramo y sentido de las propuestas consideradas en el recinto, mientras que Raúl Pírez, jefe de la bancada FPV-PJ, respondió los cuestionamientos de opositores y les recordó la voluntad de consenso expuesta tanto por el gobernador Daniel Scioli como del ministro de Justicia, Ricardo Casal, que en 60 días estuvo reunido cinco veces con los legisladores.
La primera iniciativa legislativa logró el apoyo del bloque oficialista y de los bloques Recrear, PRO y Concertación Plural.
La UCR, en cambio, votó a favor del sistema de flagrancia, pero se opuso al de reforma del Código de Procedimiento Penal.
En orden a la primera de las iniciativas y para concretar la corrección penal, los diputados sustrajeron del ámbito del Tribunal de Casación los casos comprendidos en materia correccional (delitos con penas de menor cuantía), de modo tal que a ese estrado llegarán los recursos interpuestos en materia criminal.
Con la nueva reforma, Diputados espera que desde la justicia se bajen los plazos de los trámites por procesos penales, con vistas a darles un tiempo razonable que en el texto aprobado se fija en un tírmino de resolución definitiva de seis meses, con la posibilidad de prórroga por igual tiempo mediante resolución fundada.
En la actualidad, con las posibilidades que el código otorga en materia de excarcelación y eximición de prisión durante el trámite del proceso, los defensores apelaban a todas las vías recursivas a su alcance, prolongando el proceso por largo tiempo, atorando el accionar de la justicia, que de igual modo, no podía resolver en virtud del colapso existente en la mayoría de los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires.

Fuente: infoban.com.ar