Pasaron 14 años de lo que fue el antecedente de Cromañon, el incendio de la discoteca de Olivos –Kheyvis- donde murieron 17 chicos bajo un techo de paja habilitado por la corrupción y ocultado por el poder.
La causa, con la lentitud propia de aquellas que vinculan al poder con los hechos, busca por todos los caminos dilatar indefinidamente la resolución del homicidio de 17 personas en lo que debió ser una fiesta.
Kheyvis, un homicidio que sólo fue posible con la anuencia, y la complicidad de un estado municipal corrompido, que contaba con funcionarios que atendían de ambos lados del mostrador, que aprobaban los planos que presentaban, que autorizaban un lugar con techo de paja para todas las noches de fiesta, pero se escuda en que para la noche del incendio, no tenían permiso.
Kheyvis, un homicidio impune que sólo fue posible, con la sordera de la justicia, la ceguera de los jueces y la necesidad imperiosa de impunidad, penal y civil de los verdaderos responsables.
Kheyvis fue un homicidio, quizá como su secuela, Cromañon, un estrago doloso. Quizá, como su secuela, Kheyvis fue el resultado de la corrupción municipal, la corrupción de los inspectores, la corrupción de los directores y la inconsciencia adolescente del que prendió un fósforo en un polvorín.
Kheyvis fue un homicidio, quizá como su secuela, Cromañon, donde un perejil autodefinido como un muerto en vida, pague las culpas de un armado político que intente desentenderse de su responsabilidad penal.
Kheyvis fue un homicidio, donde el estado abusó de sus herramientas y armas para inmovilizar su rol de control, su poder de imperio y su capacidad ejecutiva en la aplicación de las normas existentes.
Kheyvis fue un homicidio, por que alguien permitió que exista un lugar donde las normas sobre materiales ignífugos fueron ignoradas, donde las actas fueron adulteradas, donde los expedientes fueron fraguados y los planos adulterados.
Kheyvis fue un homicidio donde los muertos fueron propios y extraños del lugar, intentando minimizar un resultado inevitable: alfombras sintíticas, sillones inflamables y techo de paja con habilitación municipal, como combustible de una noche de diversión.
Kheyvis fue un homicidio, quizá como su secuela, Cromañón, donde bomberos, policías, defensa civil, jueces, fiscales, intendentes y concejales, no pudieron hacer nada para evitar el trágico desenlace: 17 muertos envueltos en llamas avivadas por el desden por la vida.
Kheyvis es un homicidio impune de 17 personas, de 17 sueños, de 17 familias truncas. Otras 24 vidas quedaron marcadas para siempre con quemaduras y secuelas físicas y sicológicas.
Kheyvis fue el preludio de Cromañón: por que sin impunidad, con control, con castigo a los culpables, con respeto por las leyes, con respeto por la vida, Cromañon no hubiera existido.
Kheyvis, por 14º año es un homicidio de la verdad, donde todos parecen trabajar para que nadie sepa quien era el verdadero dueño y su vinculación con el poder local.
Kheyvis, por 14º año es un homicidio de la justicia, por que parecen trabajar para que nadie vaya preso cometiendo “Faltas graves” con fines dilatorios.
Kheyvis, por 14º año es un homicidio de la esperanza, por que parece ser que nadie encontrará en la condena una reparación, y en la reparación un final para el duelo.
Kheyvis, por 14º año es un homicidio y los asesinos y responsables siguen cobrando sueldos municipales, beneficiándose con las prebendas del poder y trabajando para que los plazos lleven a la prescripción.
Kheyvis es un homicidio y los asesinos siguen libres.

Tras 14 años de proceso judicial la realidad es la siguiente

Inspectores municipales: 11 involucrados acusados de homicidio culposo con pluralidad de víctimas y omisión de los deberes de funcionario público: La causa prescribió y quedaron impunes.
Manuel E. Ferreiro, Director de la Municipalidad de Vicente López. Procesado, con orden de detención que nunca se cumplió. Quedó libre por una fianza de $200.- Fue premiado por el Intendente García con la Dirección General de Seguridad con un sueldo superior a los $4.000.- mensuales. Nunca se le inició sumario a pesar de la sentencia.
Francisco Osvaldo de Jesús: uno de los supuestos dueños del boliche fue condenado a cinco años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer el comercio. Apeló y finalmente fue condenado por un delito menor, relacionado con la adulteración del expediente municipal, al que no podría haber tenido acceso.
Sandra Ponce de León: arquitecta y empleada de la Municipalidad cobraba de ambos lados del mostrador. Fue condenada a 2 años de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública, apeló. Nunca se le inició sumario y continuó cobrando sueldo municipal durante gran parte del proceso a pesar de estar inhabilitada por 10 años.
Ofelia Molina: jefa de habilitaciones de la comuna fue condenada a 2 años de prisión y 10 de inhabilitación, apeló, nunca estuvo detenida, mantuvo un sueldo de municipal aún con la condena. Nunca fue sumariada a pesar de la sentencia.
Enrique García, Intendente: en su presentación ante la justicia declaró “los operativos de inspección los ordenaba yo personalmente” nunca fue procesado a diferencia de sus inspectores. Nunca fue condenado. Ascendió y benefició a todos los inspectores involucrados. Los expedientes bajo custodia del ejecutivo que encabeza fueron adulterados, fraguados y cercenados. Desde la querella y los padres sintetizaron su rol en la causa: Raúl Buganem, padre de Leandro “la billetera y el poder político fueron más fuertes”; el Dr. Carlos Piñero, por su parte destacó el alcance de “la chequera de García”

La justicia que tenemos

La causa pasó sin pena ni gloria por el juez de San Isidro Carlos Santillán para luego pasar a manos del de transición Nro.3 de San Isidro Dr. Carlos Rodríguez Varela, luego llegó la prescripción.
Fernando Maroto, Roberto Borserini y Juan Carlos Fugaretta fueron los jueces de cámara que intervinieron en la causa: acusaron a los fiscales de dilatar la causa “los procesados no fueron llamados a prestar declaración indagatoria”
La Sala I de la Cámara del Crimen de San Isidro resolvió que los diez inspectores municipales, procesados por habilitar en forma indebida la discoteca, sigan en libertad bajo fianza. Por 17 vidas y 24 lesiones graves y gravísimas la caución fue de 200 pesos.
La tercera causa a cargo de la Dra. Piva de Argüelles dirime la responsabilidad del autor material del fuego, un menor asistente a la fiesta del La Salle de Florida.
El 6 de febrero de 2006 se dictó la prescripción de la acción penal contra el supuesto dueño y la Arquitecta y municipal.

Fuente: infoban.com.ar