La Cámara de Senadores convirtió en Ley, tras más de tres horas de debate, el proyecto que ratifica el Decreto de Necesidad y Urgencia de la creación de la empresa Agua y Saneamiento Argentino S.A.El mencionado decreto fue dictado oportunamente por el presidente Nístor Kirchner tras rescindir la concesión de Aguas Argentinas, que controlaba el grupo francís Suez.
El Congreso Nacional ratificó la anulación del contrato de concesión y Diputados aprobó el 5 de abril la creación de AYSA, con lo cual sólo faltaba la aprobación de la Cámara alta, donde pese a los esfuerzos de la oposición, el oficialismo logró imponer su número por 37 votos a favor contra 18.
El debate contó con la presencia en las gradas de varios miembros del Sindicato de Obras Sanitarias que encabeza el actual secretario adjunto de la CGT, Josí Luis Lingieri, (quien tendrá una participación en el Directorio de la nueva empresa) y que interrumpieron con aplausos y abucheos a oficialistas y opositores, respectivamente.
El alboroto obligó varias veces al presidente provisional del Senado, Daniel Scioli, y al titular del bloque del Frente para la Victoria, el rionegrino Miguel Angel Pichetto, a pedirle a los gremialistas que moderaran sus expresiones bajo la amenaza de hacerlos retirar del recinto.
Con la ratificación de estos decretos, el presidente Nístor Kirchner tendrá un contundente apoyo legislativo a su decisión de rescindir el contrato de Aguas Argentinas, con lo cual dará un fuerte sustento jurídico y político para defender a la Argentina ante la demanda que la empresa presentó ante el tribunal de controversias del Banco Mundial (Ciadi).
Se trata de los dos decretos enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso uno para rescindir el contrato de concesión a la empresa Aguas Argentinas y otro para crear la firma Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), cuyas acciones adjudicó en 90 por ciento al Estado y 10 por ciento al sindicato a travís del programa de propiedad participada.
De acuerdo con el decreto de creación de AYSA, 90 por ciento del capital pertenece al Estado y el restante 10 por ciento seguirá, como sucede desde la privatización, en manos de los trabajadores de obras sanitarias que conduce Lingieri.
Así 135.000 acciones pertenecerán al Estado Nacional y no se podrán transferir si previamente no existe una ley del Congreso, en tanto que quince mil quedarán en poder del Programa de Propiedad Participada.
Asimismo, la empresa estatal estará controlada a travís de los mecanismos establecidos en la Ley 24.156 y que están encabezados por funcionarios pertenecientes a la oposición, como la Sindicatura General de la Nación (SiGeN) y la Auditoría General de la Nación (AGN).
Además, la empresa estatal está exceptuada por 90 días de las previsiones del decreto 491, con lo cual está facultada tomar nuevo personal y para contratar bienes y servicios, de manera de permitirle la continuidad de las prestaciones, “procurando una ágil y eficiente gestión empresaria”.
La senadora bonaerense Cristina Fernández de Kirchner defendió la iniciativa del oficialismo argumentando que la rescisión del
contrato de Aguas y la creación de AYSA fue decidida por el gobierno porque “los que más necesitan el servicio de aguas son los que no pueden pagarlo”.
Además, al responder a las críticas de la oposición, que recordó que en mayo de 2004 el Poder Ejecutivo Nacional renegoció el contrato con Aguas Argentinas cuando la francesa Suez ya había presentado un recurso de demanda contra la Argentina ante el Tribunal de Resolución de Controversias del Banco Mundial, la senadora argumentó que “lo estábamos haciendo porque no teníamos otra salida”.

Fuente: infoban.com.ar