La Cámara de Diputados bonaerense, presidida por Ismael Passaglia, sancionó ayer la ley que favorece a Astilleros Rio Santiago, trató división de municipios y expte. de IOMAEn la sesión de ayer se declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los derechos y acciones de la firma Buenos Aires Zona Franca La Plata S.A, emergentes del contrato de concesión celebrado con el ente que administra y explota, desde el 19 de enero de 1999.
Por ello, la expropiación del área mencionada se realiza en beneficio del ente administrador del Astillero, que desde la consagración de la norma queda en pleno uso y goce de las 18 hectáreas.
El proyecto girado por el gobernador Felipe Solá y justificado en sus visitas por la ministra de la Producción, Díbora Georgi -siguió esta tarde en el recinto el trámite de la aprobación de la ley- fue defendido por Hugo Bilbao, del mayoritario Frente para la Victoria.
Entre otros conceptos, el legislador recordó el proceso iniciado por los defensores del desguace del Estado y dijo que en ese momento de la historia tambiín se intentaron privatizar las empresas de la industria naval. “Pero no pudieron por la heroica resistencia de los empleados del astillero”,
sentenció.
Sostuvo que no existe astillero en el mundo que no este subsidiado, y que si bien no hubo otro camino que recurrir a esta ley de expropiación, las 18 hectáreas abarcadas por la ley tienen que ver con tener un astillero operativo en el marco de Amírica Latina y con “la dignidad que merecen sus trabajadores”.
Con reparos, respecto de las acciones judiciales que pueden derivarse del trámite expropiatorio convalidado y por la suma de dinero pagado, tambiín el justicialismo y el radicalismo acompañaron la sanción de la ley.
Diputados tambiín convirtió en ley el proyecto -remitido por el PE- por el cual la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) pasa a ser el organismo rector de la política científico tecnológica del Estado bonaerense.
La propuesta establece un cuerpo legal que armoniza los legítimos intereses y reivindicaciones del personal de apoyo a la investigación y desarrollo tecnológicos, designando justamente como autoridad de aplicación a la CIC.
El mismo rango legal alcanzó el proyecto que exime del pago de sellos a las fundaciones que acrediten su condición de tal y cumplan actividades de salud pública, beneficencia y asistencia social gratuita, oficien de bibliotecas públicas o desarrollen actividades deportivas y no distribuyan suma alguna de lo recaudado entre sus asociados.
Hubo rechazo mayoritario a dos vetos impuestos por el Poder Ejecutivo, referidos a la expropiación de un predio para construir un gimnasio en una escuela y otra medida similar, pero para garantizar la continuidad de las clases en un jardín de infantes. En cambio, se votó por la aceptación de otras tantas decisiones impuestas por ese Poder, vinculadas con  normas tendientes a solucionar el problema de roya de la soja y con la creación de un defensor oficial para defensorías 1 y 2 del departamento judicial de San Nicolás.
Se apoyó el proyecto con miras a garantizar la continuidad del hospital de Llavallol, mediante la conformación de una cooperativa, para de ese modo asegurar la fuente de trabajo del sector asistencial y los servicios que presta el citado establecimiento.
Con el respaldo de todos los bloques, se avaló el proyecto de ley del diputado Julio Císar Alfonsín, fijando requisititos para el reconocimiento municipal. Su intervención y la de los demás oradores que fijaron sus posturas positivas merecieron aplausos y ovaciones de los grupos que han
conformado una asociación que brega por la creación de nuevos partidos.
Según dijo el autor de la proposición legislativa -remitida al Senado- a la Cámara llegaron representantes de 50 pueblos, que propician crear los nuevos distritos de Altos del Tránsito, Tímperley, Banfield, Quequín, Presidente Derqui, Huanguelín, Santa Clara del Mar, Libertad, Alem, entre otros, a expensas de los territorios en los cuales hoy están emplazados. En cuanto al proyecto de reconocimiento de municipios, se crea una Comisión Bicameral que considerará y analizará las propuestas de reconocimiento de los que se impulsen y será la encargada de llevar adelante el procedimiento establecido.
Ese organismo lo integrarán 7 senadores y otros tantos diputados, designados por dos años, que reflejarán las representaciones partidarias.
Según la iniciativa de marras, será reconocida como municipio, toda población o localidad que reúna los siguientes requisitos: características institucionales, históricas, culturales, territoriales y ambientales, que
definan un a identidad propia, así como aptitud de factibilidad económica social.
Asimismo, se aprobó un proyecto de ley presentado por Passaglia, estableciendo que todos los establecimientos públicos serán prestadores de la obra social del IOMA.

Fuente: infoban.com.ar