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Reunidos en la Casa del Partido Justicialista (PJ) de Moreno, intendentes de la Primera Sección Electoral aseguraron que "vamos a dar todas las peleas que haya que dar para frenar la Ley Bases y las políticas de crueldad contra la mayoría de las y los argentinos".

En el encuentro, los jefes comunales Gustavo Menéndez de Merlo, Javier Osuna de Las Heras, Damián Selci de Hurlingham, Facundo Diz de Navarro, Ricardo Curutchet de Marcos Paz, Juan Ustarroz de Mercedes, Ariel Sujarchuk de Escobar, Mauro García de General Rodríguez y la anfitriona Mariel Fernández, firmaron un comunicado en el que marcaron su "preocupación por la Ley de Bases, en especial con el RIGI, que significa la destrucción de nuestra industria nacional y pérdida de soberanía. En todos los municipios vemos el sufrimiento que están causando en nuestro pueblo las políticas del gobierno nacional".

En ese sentido, enumeraron que "son nuestras vecinas y vecinos a quienes le cortaron la asistencia de salud: dejaron sin medicamentos a pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas. En los últimos cuatro meses, son al menos siete las personas que fallecieron a la espera de la medicación".

"Son nuestras vecinas y vecinos a los que dejaron sin trabajo: parte de los 70 mil puestos asalariados que se perdieron entre noviembre y enero. Si bien todas las ramas de actividad se vieron perjudicadas, es el sector de la construcción el que presenta la mayor caída mensual del empleo con un 2,4% y acumula un 13,5% interanual, como consecuencia de la paralización de la obra pública. Durante el período 2019-2023, habíamos tenido récord de obra pública gracias al financiamiento del gobierno provincial y nacional" agregaron.

También puntualizaron que el gobierno nacional hizo "un ajuste fiscal inédito en la historia, un ajuste que no aplicaron a ninguna casta. El 70% de la reducción del gasto, (el presidente Javier) Milei lo destinó a las jubilaciones, a medicamentos oncológicos, a las provincias, a los subsidios del transporte público y de luz, a la obra pública. Como resultado de estas políticas, los salarios registrados tuvieron su peor caída desde la crisis del 2002".

A su vez, criticaron que "son nuestras vecinas y vecinos los que se ven afectados cuando el gobierno nacional no envía fondos. Como resultado de la recesión que produjo el gobierno, hay una fuerte caída en la recaudación de recursos nacionales y provinciales, solo en abril los de origen nacional cayeron un 20% en términos reales interanuales y los provinciales un 4%. Una situación que afecta gravemente los recursos coparticipables que recibimos los municipios. Además, los municipios hacemos grandes transferencias al gobierno nacional a través de la recaudación del IVA, una inversión que no vemos retribuida de ninguna forma".

"A nuestras vecinas y vecinos les cortaron la asistencia alimentaria y los persiguen: el presupuesto para políticas alimentarias es exactamente el mismo que en 2023 —lo cual supone un fuerte ajuste sobre el poder de compra con una inflación superior al 211 por ciento anual—, y que en materia de comedores populares el presupuesto está siendo subejecutado, con asignaciones cero. En este contexto, además, el gobierno nacional inspecciona comedores que tuvieron que cerrar o no abren todos los días porque no recibieron más alimentos" recalcaron.

Los intendentes también alertaron que "como producto de la crisis que provocaron, aumentó el delito, una situación que también vemos con mucha preocupación. Además, el gobierno nacional dejó de pagar el fondo de fortalecimiento de seguridad que nos permitía sumar patrulleros y agentes policiales".

Y concluyeron: "Nuestras vecinas y vecinos depositaron en nosotros una responsabilidad: mejorarles la vida, no empeorarla como está haciendo el gobierno de Milei. Porque representamos a todo nuestro pueblo y no solo a unos pocos multimillonarios, vamos a dar todas las peleas que haya que dar para frenar la Ley Bases y estas políticas de crueldad contra la mayoría de las y los argentinos".