La sala II de la Cámara Criminal y Correcional rechazó la cautelar de reinstalación que había conseguido en la obra social de los peones rurales el Diputado Nacional de Cambiemos, Pablo Ansaloni, y desarticuló su jugada judicial. José Voytenco, líder de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y presidente del Renatre, también se queda con el control de la Obra Social.

El fallo de la sala II de la Cámara Criminal y Correcional, con fecha de ayer y al que implica un golpe letal a la estrategia judicial del diputado nacional, Pablo Ansaloni.

“Desde el primer momento confiamos en la Justicia y el fallo confirma nuestras denuncias contra intereses que operaron para tener a nuestra organización de rehen para ser manejada como una caja política, de cara al próximo proceso electoral. Muchos dirigentes – en alusión a Ansoloni- van a tener que dar respuesta sobre sus acciones en contra de los trabajadores, ya que sólo persiguieron lograr beneficios personales”, opinó José Voytenco al hacerse pública la resolución de la justicia.

Desde lo político, el escrito termina de confirmar la hegemonía de José Voytenco entre los peones rurales y fortalece su conducción, en un año en el que será clave su rol en el congreso cegetista de renovación de autoridades.

El chaqueño ya tenía el control del gremio, había sido nombrado presidente del Renatre y había había cambiado el perfil político de la organización, consiguiendo una relación fluida con Alberto Fernández.

Ansaloni, que llegó a la cámara baja en la lista de Juntos por el Cambio y que actualmente se mueve en la órbita del massismo, es revisor de cuentas de la UATRE. Desde ese lugar y sin integrar el Secretariado Nacional del gremio, quería quedarse con el control de los recursos de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA).

Desde la conducción de sindicato tildaron la movida como «una jugada desestabilizadora de la mesa judicial de Cambiemos», con los que Ansaloni articula sus pasos.

“La sospecha es que buscaban para apropiarse de los fondos de los afiliados para relanzar la campaña política que, en su momento, llevó al dirigente a la cámara bajañ, aseguraron voceros gremiales.

La sentencia también impacta sobre los casos de los dirigentes Carlos Caballero y a Wálter Cáceres. Aunque éste último no había peticionado su reinstalación