En el marco del proceso de privatización que lleva adelante de la empresa estatal Aysa, el gobierno de ultraderecha de Javier Milei resolvió habilitar por decreto a que se corte el servicio de agua potable -que es un derecho humano básico- ante la falta de pago.
Así lo indica el decreto publicado en el Boletín Oficial y que modifica el artículo 81 del marco regulatorio. La legislación hasta restringía a la empresa a tomar medidas en caso de deuda de 2 facturas. Pero solo se podía restringir (no cortar) el servicio a usuarios residenciales y cortar para no residenciales con previa intimación que permita al usuario ponerse al día.
A partir de hoy, la empresa fue habilitada a cortar directamente el servicio a ambos tipos de usuario si tan solo se adeuda 1 factura y fue eliminado el plazo de intimación.
La modificación, que hace más deseable la empresa para los posibles interesados en adquirirla, en el marco de un proceso de privatización que ya tiene como fecha de inicio abril del año próximo, a través de la venta de todas las acciones que se encuentran en manos del Estado nacional, generó múltiples críticas y repudios. Cabe mencionar que el propio gobierno proyectó un superávit de $7.700 millones para este 2025.
Entre los críticos, la ex presidenta de la empresa Malena Galmarini indicó: "Un decreto no está por encima de la ley, señores. 'Si es dentro del reglamento, vale' dijo el Presidente. Pero no. Cortar el agua no. Existe una ley de creación y marco regulatorio que no lo permite, existe jurisprudencia de la Corte Suprema que tampoco. El agua es esencial a la vida humana. El agua es vida" tuiteó la dirigenta del Frente Renovador.
