Las universidades nacionales argentinas atraviesan una de las crisis presupuestarias más severas de las últimas décadas. Y la situación no se prevé que mejore, sino todo lo contrario. Según vienen manifestando gremios docentes y autoridades universitarias, el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el gobierno nacional agravará el escenario de desfinanciamiento que afecta al sistema universitario público desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
De acuerdo con los datos difundidos por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), el presupuesto destinado a las universidades cayó del 0,70% del PBI en 2023 al 0,46% proyectado para 2026. En términos reales, las partidas para el año próximo serían equivalentes a las de 2025, lo que implica una nueva pérdida de poder de compra frente a la inflación y los costos operativos.
Los gremios advierten que las partidas deberían incrementarse un 53% para garantizar el funcionamiento básico de las universidades. “El presupuesto oficial no contempla las necesidades mínimas de nuestras instituciones y condena al sistema universitario a un ahogo financiero”, expresaron desde la CONADU.
A esto se suma que las proyecciones macroeconómicas del Ejecutivo —una caída del 5% del PBI, inflación del 10,1% y recaudación creciendo apenas 6,9%— podrían derivar en una contracción aún mayor de los fondos si no se cumplen los supuestos oficiales.
La reducción impacta principalmente sobre los salarios docentes y no docentes, que representan la mayor parte del gasto universitario. “Todo el ajuste recae sobre quienes trabajamos en las universidades”, sostienen desde el sector.
Incumplimiento de la ley de Financiamiento y paro
Tras masivas movilizaciones a lo largo del país, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, una iniciativa que busca garantizar recursos estables y actualizados para las universidades públicas. Pese a haber sido ratificada por ambas Cámaras luego del intento de veto presidencial, el gobierno aún no la implementó.
Para los gremios, esta negativa “vulnera la convivencia democrática y pone en riesgo el futuro de la educación superior pública”.
Desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de José C. Paz (ADIUNPAZ) recordaron que “el pueblo fue claro y contundente: queremos universidades públicas, gratuitas y de calidad”.
Tras una consulta federal organizada por la CONADU, con alta participación docente, se resolvió realizar un paro nacional universitario de 72 horas los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre.
El plan de lucha incluirá actividades de visibilización en todas las universidades del país y busca presionar al gobierno para que cumpla con los compromisos asumidos por ley.
Entre las principales demandas se destacan:
- Aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
- Recomposición salarial del 45%.
- Convocatoria a paritarias libres.
- Aumento del presupuesto 2026.
En ese marco, ADIUNPAZ convocó “a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a acompañar la medida de fuerza”, subrayando que “la lucha siempre es colectiva”.
Mientras tanto, el conflicto entre el gobierno y las universidades escala. Para el sector académico, lo que está en juego no es solo la estabilidad presupuestaria, sino el modelo de país. “Defender la universidad pública es defender la democracia”, concluyen.
