El director de la “Residencia San Fernando”, de la localidad de La Lonja, partido de Pilar, Alan Emmanuel Cambra Sarife, permanece detenido según la orden emitida por la Justicia, luego de la muerte de cuatro personas internadas en esa comunidad terapéutica, informaron hoy fuentes judiciales.
A Cambra Sarife se le imputa el delito de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de cuatro personas que permanecían internadas en la comunidad terapéutica, en un hecho ocurrido el 22 de febrero pasado a raíz de un incendio producido en el lugar.
Para fundar la calificación legal de los hechos el fiscal señaló: “La sumatoria de gravosas circunstancias relevadas a lo largo de la presente investigación, revela un grosero menoscabo por parte de Cambra Sarife a las leyes y consecuentemente a los bienes jurídicos de alto tenor (vida e integridad de las personas) No estamos ante un descuido mínimo y común. Tampoco estamos ante una conducta temeraria...”.
Desde el juzgado fundaron la existencia de un accionar con dolo eventual del imputado en “la falta de condiciones de seguridad del lugar, principalmente la falta de matafuegos; la cantidad de personas internadas y las características de las mismas (personas en recuperación de adicciones)”.
También argumentaron “escaso personal que se ocupaba del cuidado de los usuarios, lo que aparejaba la falta de tratamiento de contención de los mismos y la falta de la respectiva habilitación para funcionar por parte del Ministerio de Salud”.
El hecho ocurrió el pasado 22 de febrero, en este centro de rehabilitación de adicciones "no habilitado" y con condiciones de vida que constituyen "graves violaciones a los derechos humanos", informó oportunamente la Comisión Provincial de la Memoria (CPM).
En su oportunidad, desde el CPM se informó que los cuatros fallecidos -todos mayores de edad- y los sobrevivientes "estaban sobremedicados con un coctel de psicofármacos que pudo dificultar la respuesta", mientras que "todas las ventanas tenían rejas, no había ningún matafuego en el edifico ni existía plan de contingencia ni salidas de emergencias".
La CPM, que se presentó como particular damnificado institucional en la causa penal que investiga el fiscal Germán Camafreita, aseguró que al momento del incendio había 26 personas internadas con problemas de adicción.
La comisión denunció que esas personas estaban alojadas "en condiciones de aislamiento extremo, hacinamiento y sobremedicados con un mismo coctel de psicofármacos, padeciendo graves violaciones de derechos humanos".
