La Suprema Corte de Justicia bonaerense inició una investigación sobre la actuación del Tribunal Oral Criminal 4 de Morón, encargado de juzgar al sacerdote Julio Grassi, por presuntas irregularidades.La Corte ordenó investigar la posibilidad de que integrantes del Tribunal hayan incurrido en parcialidades para beneficiar a Grassi, cuyo juicio oral y público comenzará el mes próximo, dijo a Tílam el abogado Juan Pablo Gallego.
Gallego, que es el letrado principal de la acusación contra Grassi, explicó que la medida de la Corte fue dictada el pasado 17 de mayo y que se lleva adelante a travís de un sumario iniciado por la Oficina de Control Judicial a los tres integrantes del Tribunal de Morón.
El abogado anticipó que en pocos días más se conocerá el resultado de la investigación y dijo que las posibles sanciones contra los magistrados “van desde un simple apercibimiento hasta el inicio de un tribunal de enjuiciamiento o jury, que podría terminar en la destitución”.
En el caso de activarse un jury contra los jueces del Tribunal “obviamente el juicio contra Grassi, cuya iniciación está prevista para el próximo 3 de julio, se demoraría porque habría que designar nuevos magistrados para que se hagan cargo de la audiencias”.
Gallego formuló declaraciones en la Plata, donde se entrevistó con la Procuradora General de la Corte provincial, María del Carmen Falbo.
Junto con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el abogado pidió la nulidad de la audiencia preliminar al juicio oral y público, que se realizó en febrero pasado en los tribunales de Morón.
En esa audiencia sólo participaron los abogados defensores de Grassi, por lo que Gallego solicitó a la Cámara de Apelaciones de Morón la nulidad de ese procedimiento.
En esa oportunidad tanto Gallego como Estela de Carlotto denunciaron que no se les notificó el cambio de fecha de la audiencia por lo que ningún representante de la parte querellante pudo asistir, al tiempo que solicitaron el desafuero de los miembros del tribunal
Gallego hizo el pedido de nulidad ante la Procuradora, que ya había planteado en febrero pasado en la Fiscalía General de Morón, por la “presunta comisión de graves irregularidades que dificultan sostener la acusación” contra el sacerdote.
Carlotto participó de la audiencia con la Procuradora Falbo como presidenta del Comití Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN).
Gallego ratificó ante la Procuración que los jueces del tribunal no lo dejaron participar de la audiencia preliminar al debate oral, que se concretó en febrero último.
Dijo que esa decisión le “impidió el aporte de algunas pruebas de importancia para el juicio”.
Tambiín aseguró que en esa audiencia los jueces no tomaron en cuenta tres expedientes de “suma importancia” para el juicio contra Grassi.
“Dejaron fuera del debate un expediente por el que estuvo detenido Miguel Angel Pierri, el abogado original del sacerdote, que bajo ningún punto de vista no podrá dejar de ser ventilado durante el juicio”, detalló.
Los magistrados cuestionados tampoco tomaron en cuenta un informe donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Híctor Negri, dejó constancia que la instrucción del proceso contra Grassi fue “legítimo”.
“Esta cuestión es de suma importancia toda vez que ahora, ante la falta de ese informe, la defensa podría volver a plantear cuestiones procesales que ya están resueltas”, sostuvo Gallego.
Por último, mencionó que tampoco se tomó en cuenta para “una causa por abuso que tiene Grassi en la provincia de Santa Cruz, por un caso sucedido en El Calafate”.

Fuente: infoban.com.ar