La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA), que conduce Juan Carlos Schmid, junto a las organizaciones del Frente Sindical de Acción Climática (FSAC) exigieron al ministro de Medio Ambiente Juan Cabandié, a gobernadores y legisladores “que se tomen de modo urgente las medidas que detengan y reparen el daño ambiental” provocado por los incendios en los humedales del Delta y en el secano cordobés. Advirtieron también por las dificultades que trae la bajante del río Paraná para el transporte fluvio-marítimo.

En un extenso documento, las organizaciones destacaron que “durante este año, el fenómeno de la Niña y el bajo nivel de lluvias en las cuencas que conforman la Hidrovía han causado un profundo estrés hídrico ocasionando una bajante histórica en el río Paraná (la mayor de los últimos 50 años) donde todos los cursos fluviales de la cuenca, registraron una condición de bajante con caudales mínimos”.

“Esta caída del nivel del río ha provocado diversos problemas entre los que se destacan dificultades en el transporte fluvio-marítimo, problemas en las tomas de agua para abastecimiento en distintas ciudades, alta mortandad de peces y distintos daños ambientales afectando grandes zonas en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires”, alertaron.

Asimismo desde FeMPINRA y FSAC resaltaron que “a la falta de humedad en la vegetación de las islas se sumaron los incendios en febrero y aún persisten por la especulación inmobiliaria y la ganadería”, y subrayaron el avance de columnas de humo “que se expanden sin reconocer límites geográficos, causando daños a la salud humana y perjuicios a la población en medio de la pandemia del COVID-19”. También sostuvieron que hay ciudadanos en las riberas de la hidrovía “siendo afectados con enfermedades respiratorias y alérgicas evitables, y hasta la fauna local está sufriendo un impacto de difícil recuperación”.

Del mismo modo, las organizaciones advirtieron por la detección de más de 2000 focos de incendios y criticaron la tarea del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y al Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná. “No han dado muestras de eficacia en la gestión de los humedales con una mirada integral y con enfoque regional de la cuenca”, indicaron. Asimismo denunciaron que el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgos “no cumple con la finalidad de protección integral de las personas, las comunidades y el ambiente ante la existencia de riesgos”.

En otro tramo del comunicado señalaron que el cambio climático y sus efectos “se están haciendo sentir sobre la región con el incremento de lluvias e inundaciones en algunos lugares del país y sequías prolongadas, incremento del estrés hídrico y riesgo de incendios en otros.” Además, añadieron: “todo como consecuencia innegable de la acción humana, y en especial, del desprecio por el cuidado de la Casa Común, acelerado por actividades extractivistas y reprimarizantes de la economía en nuestro país que ponen de manifiesto que lo que sucede en materia ambiental no está exento de las presiones capitalistas”.

Los gremios portuarios y el FSAC también hicieron referencia en el comunicado a la Ley de Presupuestos Mínimos sobre Humedales, que se está debatiendo en la comisión de recursos naturales de la HCD, y solicitaron “que se contemplen las diferencias regionales de humedales y la relación armónica entre el mundo del trabajo y la naturaleza teniendo en cuenta a los sindicatos como sujetos activos, que conforman la plataforma de cuidado y puesta en marcha de las medidas establecidas”.

En la misma línea también pidieron “que se acelere el proceso de ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú como instrumento para buscar soluciones centradas en las personas y basadas en la naturaleza que permitan luchar contra el cambio climático y la reducción de los conflictos socio-ambientales en el país”.

“Entendemos que hay que frenar y revertir el deterioro ambiental y garantizar la protección de los servicios ecosistémicos y las funciones ecológicas fundamentales, dado que es lo único que permitirá la construcción de una economía sostenible e inclusiva bajo un nuevo Acuerdo Verde Argentino que genere empleo sin dejar a nadie atrás”, afirmaron.

“Demandamos a las autoridades ambientales del gobierno federal que coordine acciones efectivas con las provincias para contener el desastre ecológico y que, en carácter de urgencia, ejecute las medidas de fondo que protejan nuestra Casa Común, al pueblo que la habita y sancione a los actores que corresponda”, concluyeron.