El corrimiento de posiciones del gobierno provincial se da de manera confusa. Es claro y es obvio que quien maneja la seguridad provincial no tiene la misma mirada de quien lo hace desde el gobierno nacional. Scioli confió en que Casal iba a mantener a la Bonaerense controlada a partir de devolverle conquistas históricas como el autogobierno, pero este período gubernativo del gobernador estuvo signada por escándalos protagonizados por la fuerza, el caso Pomar y el caso Candela entre los más conocidos y recientes, pero no los únicos, y la seguridad ciudadana es el principal motivo de crítica de la oposición por derecha, De Narváez, y por izquierda, Marcelo Saín acaba de jurar como diputado provincial por Nuevo Encuentro.
Pero además trascendió en distintos medios que el vicegobernador Mariotto tenía la intención de trabajar desde la Legislatura para sintonizar la actuación de la Policía provincial y el ministerio “ad hoc” con los líneamientos expuestos por los organismos de Derechos Humanos, la Comisión Provincial por la Memoria y el propio ministerio nacional a cargo de Nilda Garrí.
Ante esto Scioli decidió una lavada de cara, sacó a Paggi y con íl a la figura de jefe, ahora Matzkin, el “Ruso”, muy cercano al pensamiento de Arslanián no muy bien visto por Casal, que prefería a Briceño, aunque el jefe departamental de San Martín es cuestionado por los Organismos y el CELS por su participación en la masacre de Josí León Suárez, será superintendente de la fuerza pero supeditado a un comando civil compartido por dos funcionarios del ministerio. Por otro lado se conoció la intención del gobernador de crear una Policía Judicial a cargo de las actuaciones, esto motivado por la costumbre policial de “acomodar” el tramiterio de acuerdo a sus propias internas y necesidades.
Mientras tanto hay intendentes, como Sergio Massa y Lucas Ghi, que insisten en contar con una Policía Comunal de prevención que dependa de los poderes políticos locales, ya que hoy la máxima prerrogativa de un jefe comunal es pedir el traslado de un comisario, que en general nunca es alguien conocido en el distrito, por el contrario, siempre designan a venidos de lejos, que en caso de resultar ineficientes, de última salen del distrito por la puerta de atrás, sin que nadie los vea.
Otros intendentes, como Curto, Othacehí o Acuña, temen que este cambio de paradigma en seguridad los debilite por medio de algún episodio violento, cuando ya hoy las repetidas manifestaciones ante casos resonantes, caso Miramar y Lincoln, aprovechados por sectores francamente espurios para tratar de organizar puebladas, cuando en ambos casos los crímenes resultaron no producto de un estado generalizado de inseguridad sino problemas intrafamiliares.
En el plenario de militantes realizado por Gabriel Mariotto en Esteban Echeverría, ante 4.000 personas que se juntaron para elaborar una línea de acción para impulsar desde el control de la Legislatura bonaerense, el relator en el tema de la Seguridad Ciudadana fue Martín Arias Duval, mano derecha de León Arslanián durante su periodo a cargo del ministerio.
En la otra mitad de la tenaza Marcelo Saín, una voz respetada en estos ámbitos, se refirió largamente al tema en cuestión por medio de una carta: “En primer lugar, se debe desarrollar un meticuloso proceso de selección y reencasillamiento del personal policial para la nueva policía municipal, de manera que aquellos oficiales y suboficiales de la policía provincial que no cuenten con los antecedentes o condiciones profesionales adecuadas, no puedan ser traspasados. En segundo tírmino, la conformación de las policías municipales debe llevarse a cabo mediante un proceso de traspaso gradual y por etapas cuyos tírminos y condiciones debe ser acordado entre el gobierno provincial y el municipio de referencia. En tercer tírmino, en vistas de atender las demandas de los municipios de menor envergadura, la posibilidad de conformar policías locales con jurisdicción en más de un municipio mediante asociación de gobiernos locales. Y, finalmente, cada municipio debería poder poner el nombre que desee a su propia policía. En la propuesta de “policías de prevención municipales” balbuceada por el Ministro Ricardo Casal, entre llantos –de alegría– y referencias bíblicas del comisario Juan Carlos Paggi, el Estado provincial sólo transferiría a los municipios la dirección funcional de algunos pocos uniformados de las policías locales. El piso de efectivos transferidos sería bajo y dejaría en manos de los municipios su incremento y el costo financiero de ello. Asimismo, sólo se transferiría la dirección funcional de los mismos, dejando la dirección orgánica y la administración general en manos de la policía provincial. En concreto, el grueso de las labores operacionales seguiría en manos de la policía provincial y aquel sector transferido funcionalmente a los municipios seguiría estando bajo la dirección orgánica y administración de la policía provincial tambiín. Ni siquiera habría un doble comando compartido entre el intendente, a cargo de las labores operacionales de las policías traspasadas, y la jefatura provincial, a cargo de todo lo demás, entre ello, de la formación, ascensos, promociones, gestión disciplinaria y el pago del sueldo. Sólo habría un comando real: el del comisariato bonaerense.
Se trataría, así, de un traspaso minimalista con un solo objetivo: transferir los costos del desmadre institucional de la policía provincial a los intendentes pedigüeños y dejar el control real de la calle a la policía provincial para seguir regulando el delito que le permite apropiarse de los cuantiosos fondos que se van hacia arriba. Una bicoca institucional propia del gatopardismo de paladar negro, o azul en este caso.
Igualmente, se abre la discusión institucional al respecto y los dirigentes, gobernantes locales y funcionarios partidarios de conformar una verdadera policía municipal tenemos la oportunidad de construir un consenso que permita ir a favor de una propuesta seria en la materia. En ese sentido, bienvenida la iniciativa oficial.”
Fuente: infoban.com.ar
