La Defensoría del Pueblo bonaerense volvió a pedir que se lleve adelante un Juicio por la Verdad en el caso de Patricia Aguirre, quien había sido abusada sexualmente por su tío durante su niñez, lo que le permitiría alcanzar algún tipo de reparación a los tormentos sufridos hace más de veinte años, más allá de que el delito haya prescripto.
A través de un pedido de amicus curiae, el organismo que conduce Guido Lorenzino le planteó a la Cámara de Casación Penal de la Provincia que lo incluya en la segunda instancia del proceso, al tener en cuenta el interés público de la causa y la incidencia que la decisión pueda llegar a tener en la resolución de casos similares.
“Entendemos que conocer la verdad histórica de los hechos de abusos sexuales puede tener un efecto reparador en la adultez para la víctima y denunciante, ya que la condición de niña abusada, en este caso, necesita el reconocimiento proveniente del Estado y la sociedad para recuperar así la confianza en sí mismo y en las demás personas”, sostuvo Lorenzino.
Esta mirada se apoya en entender que la proscripción para los delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes cancelaría el derecho de la víctima a que su verdad sea discutida públicamente, transformando así la violencia particular en violencia institucional.
Ante este escenario aparecen los Juicios por la Verdad como una herramienta para que la víctima pueda llegar a la verdad jurídica objetiva: el delito se encuentra prescrito, por lo que no se puede aplicar pena, pero nada impide que se lleve a cabo este tipo de juicio que serviría como acto reparatorio para la víctima.
“La prescripción de la causa sin que se tome en cuenta las circunstancias especiales que hicieron que la víctima no pueda denunciar los abusos sufridos, termina afectando el proceso penal. Si no fuera por los Juicios por la Verdad, esta situación cancela el derecho de la víctima a que su verdad sea discutida, y además obliga al Estado a asegurar las garantías jurídicas que recaen sobre las víctimas de abuso sexual infantil”, puntualizó Lorenzino.
El caso
Patricia Aguirre fue víctima de abusos a los cinco años por parte de su tío, una situación que se repitió hasta que cumplió diez. Sólo después de ser madre y haber recibido tratamiento psicológico pudo denunciarlo veinticinco años después.
La denuncia fue acompañada por la Defensoría, y fue el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, quien tomó el caso y consideró necesario la realización de un Juicio por la Verdad. Tras una apelación, la causa ahora se encuentra en la Cámara de Casación Penal de la Provincia.
