Este fin de semana comenzaron a circular imágenes de un operativo que realizó el municipio de Tigre con apoyo de Prefectura Naval Argentina y la Policía de Islas, desmantelando muelles y estructuras en la zona de frente de avance del Delta. Allí los terrenos “crecen” varias decenas de metros por año, producto de la sedimentación, responsable de la aparición durante los últimos años de las islas que se encuentran frente a las costas de San Isidro.

Se trata de tierras que quedaron en su mayoría en jurisdicción de Tigre, y en menor medida de San Isidro. Para tener una dimensión del avance, se calcula que a la tasa actual de crecimiento en un siglo este frente podría llegar a las proximidades del inicio de la General Paz.

En medio de la pandemia se aceleró el avance de la ocupación de una “nueva colonización inmobiliaria promovida por un ambientalismo VIP o de maquillaje verde” según una publicación del CAPI (Consejo Asesor Permanente Isleño).

Esta zona es reconocida por el Plan de Manejo Integral del Delta implementado por Tigre como zona de protección ambiental, parte del patrimonio natural y cultural de las islas y sus habitantes históricos. Por su parte San Isidro avanzó en declarar de “interés público su protección y conservación para “asegurar la existencia a perpetuidad de la naturaleza en su conjunto” a través de la legislatura bonaerense.

Entre los ríos Luján y San Antonio, que resultan dos de las principales vías de comunicación del Delta, y de cara a la amplitud del Rio de la Plata se conforma esta área de humedal en formación e islas en crecimiento. En el medio se despliegan pequeños canales entre la vegetación y angostos arroyos, donde se concentran una serie de construcciones bajo el manto de un “ambientalismo VIP” y el quebranto de las reglas bajo el pretexto de la búsqueda de una “vida nueva”.

El área estuvo ya en el foco de las protestas cuando se intentó crear “Colony Park”, un mega emprendimiento inmobiliario que generó múltiples resistencias y movilizaciones, y fue frenado en 2010. El actual conjunto de edificaciones tiene menores pretensiones, y si bien no cuenta con una web como aquel faraónico proyecto, una vista por Google Maps arroja la oferta varios sitios de turismo “sustentable” sobre terrenos catalogados como “zona de protección”, característica que impide cualquier tipo de ocupación. Allí las pautas poseen niveles aún más altos de rigurosidad que en otras zonas del Delta de Tigre.

Y todos los ocupantes llegaron a su propio “paraíso natural” de la mano de un personaje retratado en una nota de La Nación meses atrás: Eduardo Venencio, quien dice poseer las islas en expansión. Al igual que Colony Park –emprendimiento para el cual trabajó-, avanza sin pedir permiso a nadie y se jacta de haber retirado meses atrás las fajas de clausura que puso el municipio de Tigre en los muelles.

La operatoria consta de una “selección” de los postulantes por parte de Venencio, a los cuales otorga la cesión de “derechos posesorios” de terrenos. El servicio incluye la construcción de un muelle en terrenos de aproximadamente 25 por 30 metros, a un valor cercano a los mil dólares. Todo queda registrado por una escribanía sanisidrense que se limita a la certificación de las firmas.

Tras el operativo realizado el pasado jueves 1 de octubre, circularon una serie de videos por redes y grupos de Whatsapp en los cuales se veía parte del operativo dirigido por la Secretaría de Gobierno del Municipio de Tigre, la Dirección de Obras Particulares, la Dirección Gral. de Plan de Manejo Delta, la Delegación Delta de Tigre, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Islas. En septiembre, ya se habían realizado 30 clausuras de obras clandestinas en Río San Antonio y Arroyo Anguilas.

Tras las clausuras, el jueves se avanzó en desmantelar muelles y estructuras en la zona de frente de avance del Delta

Desde el CAPI indicaron que el operativo tuvo como objetivo principal “preservar la zona del humedal en formación y poner un límite a la especulación inmobiliaria, la privatización y mercantilización del mismo” y graficaron que “Lo más complejo es que este ambientalismo VIP se ha instalado porque un isleño les ha vendido esos terrenos”.

También la Cooperativa “Isla Esperanza” celebró el operativo del municipio y apuntó a que “quienes compraron y vendieron islas sabiendo que estaban cometiendo un delito, no nos roben ahora el nombre”, aduciendo que se intentó utilizar la lucha de años para justificar “el enorme negocio inmobiliario y la compra fraudulenta de islas y del rio.”

Cabe recordar que en cuanto al sector que pertenece jurisdiccionalmente a San Isidro, el municipio denunció en mayo la usurpación de las nuevas islas por el inicio de una construcción clandestina que detectó sobre el río San Antonio a metros del ingreso al Aguaje Julia.

En dicha denuncia constaba que en el área contigua -fuera de su jurisdicción- “se han venido produciendo hechos de usurpación y ‘venta’ o cesión de derechos de terrenos”. Luego con el aval de la justicia, al momento de derribar el muelle clandestino el intendente Gustavo Posse sostuvo que no permitirá “Ni compra ni cesiones, las islas no van a venderse nunca”.

A principio de septiembre tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la provincia de la provincia de Buenos Aires sancionaron la ley que declara a las nuevas islas de San Isidro como “Reservas Naturales Integrales”.