Sobre la utopía de la “despapelización e informatización judicial”

La autora, de profesión abogada, expresa las dificultades y contradicciones que se encuentra en la burocracia estatal en el marco de la cuarentena.

Sr. Director:

Esta es la respuesta que recibí hoy, al preguntar si podía enviar oficios judiciales de informes “que gozan de gratuidad”, en forma electrónica, desde el expediente judicial, con el Token, al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires:

“Buenos días:
Debo informarle que los únicos oficios que ingresan vía web son los de medidas cautelares provenientes de juzgados de la Provincia de Buenos Aires. El trámite que Ud. refiere es presencial. Recuerde que a partir del
16/6 se reanudan las actividades. Para ingresar cualquier trámite, deberá solicitar turno y cumplir con el protocolo sanitario Atte Susana Zagorodny”.

Pregunto: Estando vigente el ASPO, y siendo víctimas de “proclamas de despapelización e informatización de la Justicia”, ¿la administración pública juega en contra?

Nuestro trabajo, tiene que poder desarrollarse electrónicamente, en su totalidad, salvo las audiencias con testigos, etc.

Pero, seguimos sometidos a las trabas burocráticas e insensatas de cualquier funcionario de turno, con un poco de poder.

Antes del ASPO, este Registro y muchos otros, recibían los oficios de informes en forma electrónica, desde el expediente, por Token. Ahora, decidieron recibir únicamente “medidas cautelares”, y el resto de los oficios hay que llevarlos a pie y en papel (teniendo prohibido circular), arriesgando nuestra salud, y teniendo que esperar a que se levante el ASPO, porque claramente, ahora, no reciben nada.

¿Quién va a solucionar esto?

Hay un claro antagonismo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, (casual, o intencional), del que somos víctimas, el que constituye una demostración fehaciente, de que se busca paralizar todo el servicio de justicia, que dependa de la colaboración de la Aministración Pública, que por otro lado, no es colaboración, sino “obligación de asistencia”. Ningún funcionario administrativo, puede condicionar el Servicio de Justicia, sin afectar la pirámide jurídica constitucional, y el derecho constitucional del acceso a la jurisdicción (al juez natural) y a la tutela judicial efectiva.

Estimo, que debemos terminar de “pedir, por favor, lo que nos hace falta para avanzar en los juicios” y de estar sometidos a los “antojos de los funcionarios administrativos, que no son sancionados por desobediencia de las órdenes judiciales” (tal cuál son los oficios judiciales).

Urge sancionar una ley, que habilite a los letrados, a ingresar con el Token, en forma directa a todos los registros y organismos administrativos del país,  desde el expediente, sin tener que llevar más un papel, a ningún lado, mucho menos “pedir, por favor, que te lo reciban y contesten”.

Todos los ingresos a dichos organismos, quedarían registrados en el expediente por lo tanto, una vez ordenados por los jueces, ¿cuál sería el problema en que nosotros hagamos la búsqueda y dejemos el resultado incorporado en los autos? ¿O, acaso no gozan de fe nuestros actos profesionales, avalados por una matrícula vigente?

Además, evitaríamos que personal administrativo, se ocupe en cuestiones judiciales, y pudieran ocuparse enotras actividades.

En plena pandemia, con peligro de contagio, nuestros registros (mantenidos con nuestros tributos),  deciden cuando y como debemos pedir los informes necesarios en los juicios, con la exigencia ridícula de que debamos esperar a quién sabe cuándo se levante el ASPO, y llevarlos en papel, pidiendo turno, luego haciendo filas interminables y seguir regalando tiempo de nuestra vida, que no se recupera más.

Así de ridículas, son muchas cosas en nuestro querido país, que desdibujan el Estado de Derecho, y que habitualmente, la población en general, desconoce.

Dra. Liliana Angela Matozzo
Abogada
Doctora en Ciencias Jurídicas
Fundadora y administradora del Foro De Abogados de San Isidro