El fiscal federal que investiga a su colega Claudio Scapolán como jefe de una presunta asociación ilícita que armaba causa vinculadas al narcotráfico, imputó a 41 efectivos de la policía bonaerense y a tres abogados como integrantes de esa organización delictiva, y consideró que con su investigación quedó al descubierto “una red de ilegalidad que involucra el abuso de poder y la corrupción de funcionarios públicos”.

El fiscal federal 2 de San Isidro, Fernando Domínguez, explicó en su dictamen de 245 páginas que el “método criminal” con el que operaba la organización consistía en la “sustracción de estupefacientes a personas de algún modo ligadas al ambiente narcocriminal para su posterior reintroducción al circuito clandestino de venta a través de terceros”.

Además, consideró que la banda que, a su criterio tenía a Scapolán como jefe, extorsionaba “a presuntos narcotraficantes para que abonen un canon mensual por protección y/o para no detener a sus familiares y/o allegados”, o a “personas sin vínculos con el narcotráfico, bajo la amenaza de hacerlos pasar como tales”.

Por el caso ya se encuentran detenidas 12 personas, nueve de ellas policías de la provincia y dos funcionarios judiciales llamados Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale, mientras que Scapolán será indagado el próximo miércoles como jefe de la asociación ilícita y ya tiene un pedido de desafuero para ser detenido.

Pero el fiscal Domínguez imputó en total a 41 policías como integrantes, como así también a tres abogados que aún no fueron detenidos.

“¿Cómo podía pensar yo que un fiscal encabezaría una organización criminal integrada por funcionarios policiales dedicada al tráfico de drogas, la extorsión, etc., etc.? Sin embargo, eso es lo que hemos descubierto con la marcha de la investigación”, indicó el fiscal federal en el escrito que presentó ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

Para Domínguez, los imputados están acusados de integrar una asociación ilícita que se quedaba con droga secuestrada en procedimientos contra el narcotráfico y que luego la utilizaba para revenderla, “plantarla” y/o extorsionar a personas ligadas o no al tráfico de estupefacientes

Según el fiscal, los hechos ocurrieron entre el 2012 y el 2015, cuando Scapolán estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de San Isidro, disuelta en 2016.

De acuerdo al sitio fiscales.gob.ar, las causas por narcotráfico iniciadas por Scapolán en las que se detectaron las irregularidades y quedaron nulas -y que motivaron la investigación federal sobre el funcionamiento de su fiscalía- fueron dos, conocidas como “Anacona” y “Leones Blancos”.

La primera de ellas, según las fuentes, es una causa de 2013 en la que un detenido denunció que el propio fiscal Scapolán y los policías de Drogas Ilícitas de San Isidro le “plantaron” tizas de cocaína en su auto, le exigieron 20.000 dólares de coima a su mujer y le “armaron” una causa.

“Queda al descubierto una red de ilegalidad que involucra el abuso de poder y la corrupción de funcionarios públicos -vaya paradoja- encargados de hacer cumplir la ley, con altas responsabilidades y amplias facultades de las que se valieron para estructurar un esquema que administró, gestionó y en alguna medida reguló el tráfico de estupefacientes, constituyéndose en un engranaje más en la cadena de tráfico”, consideró el fiscal Domínguez.

“La corrupción no es sólo el dinero público que desaparece en bolsillos privados. El dinero es importante pero no es lo más importante. La corrupción va mucho más allá y se extiende y ramifica. La corrupción consiste en su sentido amplio en echar a perder, depravar o pudrir algo”, agregó.

Otro de las supuestas causas irregulares de la fiscalía es la que se conoció el 29 de diciembre de 2013 como la operación “Leones Blancos”, en la que se secuestraron casi 500 kilos de cocaína en una camioneta interceptada en Boulogne y tras un allanamiento en una quinta del partido de Moreno.

En el juicio oral, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín declaró nula la causa y absolvió a los cuatro imputados, luego de establecer que la llamada anónima a la Delegación Quilmes de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense -que supuestamente había dado origen al procedimiento-, nunca existió y en cambio sí se detectaron antes de ese supuesto llamado cruces telefónicos sospechosos entre el fiscal y el jefe de operaciones de esa dependencia.

Según la investigación, la cocaína sustraída en “Leones blancos” tenía un valor calculado entre 2,6 y 2,8 millones de dólares y fue comercializada por la organización en la costa bonaerense