El amparo contra el Poder Ejecutivo provincial originado en el Colegio de Abogados de San Isidro busca garantizar el ejercicio de la profesión en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires
Desde el inicio de la pandemia por el coronavirus, desde los colegios de abogados se buscó incesantemente garantizar primero un adecuado servicio de justicia, y en paralelo -y para que ello sea posible- el pleno ejercicio de la abogacía.
Si bien en algunos distritos se dictaron excepciones parciales para que los abogados puedan concurrir a sus estudios a fin de retirar documentación, en la práctica esto no permite desarrollar la labor diaria de los letrados, ya que sólo dos de los cinco distritos del departamento judicial de San Isidro otorgaron permisos limitados.
Mediante el Amparo por Mora interpuesto por el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires (Colproba), integrado por 20 Colegios de Abogados departamentales sostienen que “el Poder Ejecutivo de las Provincia de Buenos Aires, ha omitido formal y materialmente ejercer las competencias que los decretos nacionales mencionados le confieren, en cuanto a autorizar per se nuevas excepciones a los abogados”, al tiempo que consideran que tampoco se ha intercedido con fuerza frente al Jefe de Gabinete y las autoridades sanitarias para la “incorporación de los abogados de la provincia, a las excepciones al aislamiento social y de circulación, según los partidos involucrados en cada caso”.
La acción judicial que patrocinan el presidente del CASI Dr. Santiago Quarneti y el Dr. Diego Isabella, reclama una solución integral “con fundadas y razonables propuestas que no afectan la salubridad pública” y peticiona “el resguardo de los derechos, intereses, garantías constitucionales, convencionales y legales pluri-individuales y homogéneos de los abogados y abogadas”.
Esta presentación solicita que se resuelva de forma expresa la petición realizada el 14 de abril, en la cual se requería al gobernador Axel Kicillof posibilitar la libre circulación en el ejercicio de la profesión en todo el territorio provincial, y se proponía un estricto protocolo sanitario.
Los colegiados sostienen que no se ha dado respuesta en tiempo y forma a este reclamo, y que por tal motivo se desconocen los “criterios técnicos y/o los fundamentos jurídico-fácticos acerca de dicho tratamiento no igualitario, no sólo en lo territorial sino también respecto de otras profesiones asimilables en sus modalidades de ejercicio”.
Por último expresan que estas omisiones -formales y materiales- conllevan “un obrar antijurídico afectando manifiestamente el ejercicio profesional de nuestros representados/as, y adicionalmente, frustran e impiden que la Justicia provincial funcione adecuadamente.”
