El sitio de noticias InfoBAE.com detalló una investigación que se está llevando a cabo en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La misma detectó irregularidades en la realización de obras en el municipio de Pilar durante el mandato del ex jefe comunal de Cambiemos, Nicolás Ducoté.
El proyecto contemplaba la urbanización del barrio Monterrey y estipulaba una inversión de más de 145 millones de pesos. Las obras iban desde asfalto, servicios básicos (agua corriente, cloacas, iluminación), plazas nuevas, un centro cultural, hasta un corredor aeróbico.
“Hace un mes la causa pasó a la justicia provincial y la investigación parecía diluirse. Sin embargo, un informe reciente de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), al que tuvo acceso Infobae, denuncia que se fraguaron certificaciones de obra y que hubo graves fallas en los controles por parte de autoridades nacionales” detalló el medio.
Las obras debían arrancar 30 días después del primer desembolso por parte del Estado nacional y tenían un plazo máximo de doce meses. Los plazos nunca se cumplieron. De hecho, en el expediente administrativo figura que las obras comenzaron el 21 de marzo de 2017, cinco días después que el ex intendente Nicolás Ducoté adjudicara la licitación y dos meses antes de la firma del contrato.
El informe de la PIA también enumera una serie de irregularidades administrativas en el proceso de selección de la UTE conformada por Vialme SA, Servicios y Gestión SA y Alpin SA. Se han vulnerado los principios de publicidad rectores en las licitaciones, en cuanto hace al conocimiento, la concurrencia, y participación de oferentes, posibilitando la competencia y con ello, la existencia de mejores ofertas para la contratación con el Estado”, dice el documento.
Entre otras cuestiones se menciona que la UTE adjudicada nunca habría presentado la constancia de inscripción de Proveedores de la firma Alpin. Tampoco se detectó una comunicación a todas las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del Municipio.
Más allá de las cuestiones administrativas, el informe de la PIA apunta a las irregularidades en las certificaciones de obra. “Lo descripto hasta el momento corrobora la mendacidad de las certificaciones de obras efectuadas a los fines de seguir obteniendo fondos provenientes del Estado Nacional, puesto que, para obtener un nuevo desembolso debía rendirse el dinero recibido con anterioridad”, asegura el informe de la Fiscalía, que analizó el convenio y los pagos a pedido del fiscal federal de Campana Sebastián Bringas.
El mismo medio se apersonó a los lugares y, mediante material fotográfico, dio cuenta que no se habían terminado ninguna de las obras descriptas en el convenio.
Además de las certificaciones defectuosas, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, cuestionó la falta de control de los funcionarios nacionales, específicamente de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de Nación. “Dicha falta de control no sólo se centra en la rendición de fondos. Tampoco se hicieron valer las obligaciones de cumplir con los plazos, por cuanto el convenio específico establecía el plazo de 12 meses”, dice el informe de más de 60 carillas.
Con todos los plazos vencidos y varios trabajos pendientes,en agosto del año pasado, el convenio original se terminó modificando mediante una adenda y se redujo el monto total a $123.873.531. En ese momento, todavía había trabajos pendientes. Para la PIA, el Municipio debería haber rescindido el contrato en lugar de firmar la adenda.
Fuentes de la gestión de Ducoté consultas por este medio argumentaron que la obra se demoró porque “los fondos de Nación se retrasaron durante más de un año”. “Lo cobrado es lo mismo que se certificó, no hubo sobrecertificación”, agregó esa misma fuente.
El informe de la PIA sobre el barrio Monterrey apunta a la supuesta responsabilidad de funcionarios nacionales, lo que podría hacer regresar el expediente al fuero federal. “Como quedó acreditado del estudio de los distintos convenios, tales transferencias dinerarias fueron aprovechadas a los fines de generar beneficios indebidos con el consecuente desfalco a las arcas del Estado Nacional, habida cuenta que fue quien hacía el aporte para solventar las obras y módulos de desarrollo con los cuales se justificó la obtención de las partidas presupuestarias”, dice el documento.
