El juez pidió a la Secretaría General de la Presidencia que informe qué protocolos se tuvieron en cuenta durante ese festejo y a la Secretaría de Innovación Pública que dé la información sobre la aplicación Cuidar para saber si algunos de los invitados estaban o no habilitados para circular o bien eran exceptuados.

Ambas medidas de prueba fueron dictadas con un plazo de cinco días para ser respondidas y ya habían sido solicitadas por el juez Sebastián Casanello cuando el expediente tramitaba en Comodoro Py, pero que nunca fueron respondidas.

No obstante la solicitud de Mirabelli, aún no se determinó qué juez investigará el caso, puesto que éste le reclamó a su colega Sandra Arroyo Salgado que se inhiba de seguir interviniendo en un expediente paralelo.

La juez de San Isidro tiene una denuncia sobre los mismos hechos por lo que había pedido revisar el expediente sobre el festejo en la quinta presidencial y hasta el momento no contestó el oficio que le envió de Mirabelli.

De negarse a entregar su causa, la controversia quedará a estudio de la Cámara Federal de San Martín, que decidirá quién de los dos jueces se hará cargo del expediente en el que ya fueron imputados el Presidente, la primera dama y todos los invitados.

La Justicia aún tiene para resolver un pedido de excepción de falta de acción planteada por el Presidente donde dijo que no cometió delito alguno porque no hubo contagios de coronavirus para el grupo que asistió a Olivos ni terceras personas.

También pedidos de inconstitucionalidad hechos por la defensa de invitados a ese evento, quienes tildan como tal al decreto que impedía ese tipo de encuentros y fijaba aislamiento obligatorio en ese 14 de julio del 2020 para evitar contagio de coronavirus, un DNU que lleva la firma de Alberto Fernández.